LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA

LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA

Editorial:
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (PAPEL)
Año de edición:
Materia
Derecho Financiero y Tributario
ISBN:
978-84-8008-101-6
Páginas:
395
Encuadernación:
Rústica
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LA concepción patrimonial de la Hacienda Pública ha arraigado en nuestro Derecho
positivo a partir de la configuración establecida en su día en el texto de la Ley
General Presupuestaria de 1977. Como es sabido, un reflejo legal expreso de esta concepci
ón se manifiesta en diversos preceptos de la Ley; singularmente, en su artículo 2
que define precisamente la Hacienda Pública como el ?conjunto de derechos y obligaciones
de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado y a sus Organismos
Autónomos?, pero también en su artículo 3 donde se refiere al cumplimiento de
las obligaciones de la Hacienda Pública mediante la gestión y aplicación de su haber,
concepto éste que se concreta en el artículo 22 mediante la enumeración de lo que
constituyen derechos de la Hacienda Pública; el concepto de Presupuesto en el artículo
48 se construye sobre la relación entre las obligaciones reconocibles y los derechos
liquidables correspondientes al ejercicio presupuestario.
Quiero destacar en este punto precisamente esta última conexión ingresos-gastos
en el Presupuesto, en la medida en que la concepción legal de este instituto identifica
dicha conexión en esa relación entre los derechos y las obligaciones. De acuerdo con
las concepciones estructurales de la Hacienda Pública, mantenidas en nuestra doctrina
tanto por lo que se refiere a los recursos (Sainz de Bujanda) como a los gastos públicos
(Bayona de Perogordo), esto supone una conexión al ?segundo nivel? en el que se
manifiestan tanto los recursos como los gastos públicos.
Decía Vicente-Arche en su conocido estudio sobre Hacienda Pública y Administraci
ón Pública que la Hacienda Pública es ?una forma de manifestarse el Estado?. Pues
bien, de acuerdo con esta idea podemos decir que la Hacienda Pública, según la concepci
ón reflejada en la Ley General Presupuestaria responde, esencialmente, a la manifestaci
ón del Estado como acreedor y/o deudor. Siguiendo esta configuración la Ley
dedica su Título I (Del régimen jurídico de la Hacienda Pública) a los derechos de la
Hacienda Pública (Cap. I, arts. 22 a 41) y a las obligaciones de la Hacienda Pública
(Cap. II, arts. 42 a 47).
La coherencia lógica de esta concepción legal no ha provocado sin embargo, en el
terreno científico, el interés por analizar esta manifestación del fenómeno financiero;
así, es el caso que no existen estudios monográficos sobre la posición acreedora o deudora
de la Hacienda Pública. En mi opinión, esta situación se debe al hecho de que el
estudio de estas posiciones se produce, generalmente, de forma parcelada en relación
con los títulos que en cada caso las producen.
En el caso de los derechos, su conexión con los institutos jurídicos cuya aplicación
los genera es evidente en la norma contenida en el propio artículo 22 de la Ley General
Presupuestaria. Así, no hay una teoría jurídica sobre la Hacienda Pública acreedora,
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sino del crédito tributario (en el marco del tributo) o del Estado prestatario (en el marco
del crédito público) o del Estado vendedor, arrendador, etc. (en el marco del Patrimonio
del Estado). Por otra parte, en cuanto al régimen jurídico de los derechos de la
Hacienda Pública, la propia Ley General Presupuestaria se remite a la legislación espec
ífica de determinados institutos (así, a la Ley General Tributaria en el caso de los tributos
o a la Ley de Patrimonio del Estado en el caso de los recursos patrimoniales).
Además, establece una distinción entre ingresos de Derecho Público e ingresos de
Derecho Privado, basada en la utilización o no por parte de la Administración Financiera
de las potestades y prerrogativas de Derecho Público aplicables en orden a la exigibilidad
del derecho.
En el caso de las obligaciones, la Ley no alude a institutos concretos, sino a fuentes
genéricas (de acuerdo con su artículo 42: la ley, los negocios jurídicos, el acto o hecho
que en cada caso las genere). Ello no impide identificar, en nuestro sistema jurídico,
determinados institutos cuya aplicación da lugar a obligaciones a cargo de la Hacienda
Pública; sólo por referirnos a aquéllos que han sido objeto de atención doctrinal espec
ífica, podemos citar: los contratos del Estado, las subvenciones, la responsabilidad
patrimonial de la Administración o el propio instituto del tributo (devoluciones tributarias).
Sin embargo, a pesar de esta parcelación, es posible un estudio unitario de la
posición deudora de la Hacienda Pública y ello, no sólo porque a dicha posición (en
este caso, sin exclusiones ni remisiones) se refiere el Capítulo II del Título I de la Ley
General Presupuestaria antes citado sino porque, con independencia del título jurídico
que, en cada caso, genere la obligación, su contenido básico en cuanto a la posición
deudora es siempre el mismo. Además, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los
derechos, no es aplicable una distinción Derecho Público/Derecho Privado en el régimen
jurídico de las obligaciones de la Hacienda Pública.
El marco jurídico que delimita el contenido esencial de la posición deudora de la
Hacienda Pública está configurado por el régimen general establecido en la Ley General
Presupuestaria, referido a las fuentes de las obligaciones, su exigibilidad, el régimen
de la mora y la prescripción así como por los privilegios de la Hacienda Pública en
cuanto al alcance de la responsabilidad del deudor. El ordenamiento jurídico aplicable
al título que genera la obligación podrá tener un contenido diverso (aunque casi siempre
de Derecho Público), pero el régimen jurídico de la posición deudora es, básicamente,
siempre el mismo y precisamente esta identidad se pone de manifiesto en lo
que constituye el núcleo esencial de toda posición deudora, siendo esta circunstancia,
al mismo tiempo, la que muestra la radical diferencia del Estado frente a otros deudores.
Como es sabido, esta diferencia se manifiesta de modo notable en el alcance de la
responsabilidad patrimonial del Estado como deudor, blindada con privilegios tan significativos
como la inembargabilidad de sus bienes y derechos o la autotutela ejecutiva.
El estudio unitario de la posición deudora de la Hacienda Pública es desde luego el
rasgo más destacable de la presente monografía del doctor Martínez Giner que incorpora
de este modo, una aportación novedosa y a mi juicio sumamente oportuna en el
estadio actual de la bibliografía española de Derecho Financiero. En este sentido puede
decirse que el mayor mérito de esta monografía es, ante todo, el tema elegido y el
tratamiento que se ha hecho del mismo, por ser el primero de este alcance y caracter
ísticas en nuestra doctrina.
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Quiero asimismo referirme y llamar la atención del lector sobre otros rasgos que
concurren en la presente obra, y entre los cuales destacaría los siguientes:
El análisis realizado desde la perspectiva del Derecho Financiero y,

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