ANA MARÍA VICARIO PEREZ
ABREVIATURAS 13
PRÓLOGO 17
PRESENTACIÓN 25
Capítulo I. MODELO ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS TRAS QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA 31
1. Evolución legislativa 31
1.1. Los rescoldos de la Revolución Francesa: solo las personas físicas pueden delinquir 32
1.2. Las sucesivas previsiones del Código Penal: las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas 38
1.3. La incorporación del principio societas delinquere potest en el ordenamiento jurídico penal español: la reforma del Código Penal en 2010 y sucesivas modificaciones 47
2. Regulación vigente 51
2.1. Régimen general del artículo 31 bis CP 52
2.1.1. Hecho de referencia 56
2.1.2. Hecho propio 62
2.2. Régimen especial de consecuencias accesorias del artículo 129 CP 70
Capítulo II. PROBLEMÁTICA PROCESAL DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 77
1. Principales implicaciones procesales 77
1.1. Competencia objetiva y procedimiento 78
1.2. Capacidad para ser parte y capacidad procesal 82
2. La persona jurídica como patrimonio titular del derecho al debido proceso 93
3. Atribución de la carga de la prueba del defecto organizacional 103
3.1. Atribución de la carga probatoria a la defensa de la persona jurídica 106
3.2. Atribución de la carga probatoria a la acusación 113
3.3. Posiciones doctrinales conciliadoras 117
3.4. Toma de postura y planteamiento interpretativo 121
Capítulo III. EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: CRITERIOS DE EFICACIA COMO GARANTÍA PROCESAL 129
1. Aproximación conceptual al programa de cumplimiento 130
2. Elementos de eficacia de los programas de cumplimiento normativo 137
2.1. Mapa de riesgos 137
2.2. Protocolos de concreción del proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica 143
2.3. Modelos de gestión de recursos financieros 146
2.4. Sistema disciplinario 149
2.5. Verificación periódica del modelo 153
3. Criterios jurisdiccionales de valoración de la eficacia 158
Capítulo IV. EL CANAL DE DENUNCIAS COMO ELEMENTO DE EFICACIA DEL COMPLIANCE PROGRAM 163
1. DENUNCIA INTERNA COMO FORMA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN CORPORATIVA 166
1.1. El whistleblowing como elemento de compliance 167
1.2. El sujeto denunciante y las denuncias anónimas 172
1.3. Régimen jurídico de protección del denunciante 182
2. INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL SENO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 192
2.1. Tipología de investigaciones internas 193
2.2. Compliance officer como órgano encargado de las investigaciones internas 197
2.3. En especial, las investigaciones internas reactivas defensivas 203
2.3.1. Fase preliminar 203
2.3.2. Desarrollo de la investigación 206
2.3.3. Comunicación de resultados o conclusiones 210
Capítulo V. PROBLEMAS PROCESALES DERIVADOS DE LA OBLIGATORIEDAD DEL WHISTLEBLOWING 213
1. DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS AFECTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS REACTIVAS DEFENSIVAS 213
1.1. La introducción en el proceso penal del resultado de investigaciones corporativas y su afectación al derecho a la no autoincriminación de las personas jurídicas 215
1.2. Ámbito subjetivo del nemo tenetur: especial atención al secreto profesional del abogado defensor 231
2. VALOR PROBATORIO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 243
2.1. Fuentes y medios de prueba: la aportación del resultado de las investigaciones internas al proceso penal 243
2.2. Requisitos de licitud de la prueba 246
BIBLIOGRAFÍA 257
En los últimos quince años, el Derecho penal español ha experimentado una profunda transformación con la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta obra ofrece un estudio exhaustivo del modelo, con un marcado énfasis en las implicaciones procesales que comporta la imputación y enjuiciamiento de las entidades.
El libro analiza la evolución normativa y la configuración vigente del sistema, pero sitúa en el centro del debate las dificultades que surgen en la práctica forense: la determinación de la competencia y del procedimiento aplicable, la capacidad de la persona jurídica para ser parte, su posición como titular del derecho al debido proceso y los problemas derivados de la atribución de la carga de la prueba del defecto organizacional.
Desde esta perspectiva procesal, se examina el programa de cumplimiento normativo no solo como mecanismo de prevención, sino como auténtica garantía en el proceso penal, identificando los criterios de eficacia exigidos por los tribunales y su proyección probatoria. Especial atención merecen el canal de denuncias y las investigaciones internas, cuyo uso creciente plantea relevantes tensiones con garantías como la no autoincriminación, el secreto profesional del abogado y las exigencias de licitud de la prueba.
Con todo, la obra ofrece propuestas interpretativas y soluciones argumentadas a las principales controversias, combinando rigor dogmático y orientación práctica. Dirigido a operadores jurídicos y profesionales del compliance, este libro se presenta como una guía imprescindible para afrontar con seguridad los complejos retos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
