La corrupción es una constante amenaza para el Estado de Derecho, el cual articula el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Los Estados democráticos integrados en la UE, así como los que conforman el Consejo de Europa y la OCDE han desarrollado instrumentos normativos y orgánicos de lucha contra la corrupción que se han convertido en el punto de referencia de la nueva estrategia anticorrupción de los estados que integran tales organizaciones. En España, la implementación de la lucha contra la corrupción no ha estado siempre acompañada de la requerida eficacia y los medios necesarios tanto personales, como materiales o normativos (penales y extrapenales: v. gr. regulación sobre transparencia y buen gobierno). El término corrupción ha estado ligado tradicionalmente a la dimensión pública de la misma. Todavía esta dimensión sigue siendo objeto de nuevos enfoques, más o menos acertados político-criminalmente, desde el Derecho penal en el ámbito de las penas y otras medidas coercitivas; en el de las consecuencias accesorias del delito -como ocurre con el comiso, recientemente reformado-; o mediante la modificación o introducción de nuevos tipos penales -caso del de financiación ilegal de partidos políticos-. Sin embargo, en los últimos años es la dimensión privada la que ha tenido una mayor impronta en la lucha contra la corrupción a través de la tipificación de nuevos delitos como el de corrupción en los negocios y el de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Este volumen concluye con interesantes estudios procedentes de otros países europeos (Finlandia, Alemania e Italia) y de un país como Brasil en donde los casos y las regulaciones anticorrupción constituyen un motivo decisivo de contraste.
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