DEBIDO PROCESO PENAL Y EMPRESA
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DEBIDO PROCESO PENAL Y EMPRESA

UNA PERSPECTIVA DESDE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, JUAN MARÍA

25,00 €
23,75 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
REUS (PAPEL)
Año de edición:
2025
Materia
Derecho Procesal
ISBN:
978-84-290-2932-1
Páginas:
206
Encuadernación:
Rústica
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índice de abreviaturas Agradecimientos Prólogo Capítulo I. Garantías constitucionales y persona jurídica en el proceso penal 1. Introducción 2. Derecho penal y Derecho procesal penal: la superación de la fragmentación. Hacia un modelo de integración 3. Debido proceso, garantías constitucionales y persona jurídica 4. Modulación de garantías: los límites a la flexibilización Capítulo II. Empresa y defensa en juicio 1. Introducción 2. La defensa en juicio en el sistema procesal penal individual 3. La defensa en juicio de la persona jurídica: test de modulación de la garantía 4. El derecho al recurso: ¿modulación o flexibilización de la garantía de defensa en juicio para la persona jurídica? 4.1. El doble conforme judicial como garantía del imputado individual 4.2. El doble conforme para la persona jurídica Capítulo III. La garantía contra la autoincriminación en el ámbito penal empresario 1. Introducción: contenido y alcance general de la garantía 2. Primer supuesto de modulación de la garantía en materia penal empresaria: la denuncia espontánea 3. ¿Quién formula la denuncia espontánea?: En busca de asegurar la legitimación material de la modulación de la garantía 4. Segundo supuesto de modulación de la garantía para la persona jurídica: los acuerdos de colaboración eficaz 5. Test de proporcionalidad sobre la modulación de la garantía Capítulo IV. Responsabilidad penal de las empresas y la suspensión del juicio a prueba 1. Introducción 2. La situación en Italia 3. ¿Suspensión del juicio a prueba para las empresas en la Argentina? 3.1. La suspensión del juicio a prueba: regulación legal en el ordenamiento federal argentino y su implementación judicial 3.2. La situación procesal de la empresa: los acuerdos de colaboración empresarial en el marco del proceso penal y su compatibilidad con la suspensión del juicio a prueba 3.3. La modalidad específica de extinguir la acción penal en la ley penal empresarial 3.4. Posible implementación de la suspensión del juicio a prueba para las empresas en la Argentina en el marco de la ley 27.401 Capítulo V. Conclusiones Diez propuestas para una interpretación legítima de la cláusula de modulación de garantías constitucionales prevista en el art. 11 del régimen penal empresarial argentino de la ley 27.401 Bibliografía

¿Modulación o flexibilización de garantías constitucionales? Para enfrentarlo, el autor propone un modelo integrado de política criminal y un método al que denomina test de modulación y test de flexibilización. En el banco de pruebas, coloca tres garantías constitucionales: la defensa en juicio, la protección contra la autoincriminación y la igualdad de trato procesal en la suspensión del juicio a prueba. Para examinarlas, recuerda cómo se las ha conceptualizado, las regulaciones propias de la ley 27.401 y el CPPF, y cómo se resuelven los distintos conflictos que pueden plantearse. . En el examen de la defensa en juicio, Rodríguez Estévez incluye con acierto el derecho al recurso y la discusión en torno a si las personas jurídicas pueden ser consideradas titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta polémica vinculada más estrictamente con el recurso de casación pierde actualidad en la medida en que la persona jurídica puede ser imputada y aquel mecanismo es reemplazado por la impugnación (ver art. 358, CPPF). . En cuanto a la garantía del nemo tenetur, el trabajo aborda varios aspectos conflictivos: cómo compatibilizar los deberes de colaboración de la empresa con las eximentes de pena (en particular, la denuncia espontánea), las investigaciones internas y los derechos y garantías de las personas naturales, y los acuerdos de colaboración. . Finalmente, estudia la posibilidad de otorgar la suspensión del juicio a prueba a las empresas en el marco de la ley 27.401 con fundamento en el principio de igualdad.

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