LUCÍA AROZAMENA BARÓ
La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad afirma la Exposición de Motivos de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Desde la aprobación de esta ley, pionera en materia de violencia sobre la mujer, se han promulgado distintas normas encaminadas a erradicar una de las mayores lacras de nuestra sociedad y destinadas a una más eficaz protección de las víctimas.
Este libro, orientado a jueces, fiscales, abogados y estudiosos del Derecho, pretende dar una visión práctica y actualizada de la regulación de una materia sensible, compleja y en constante evolución. El objetivo de este estudio es resolver los principales problemas que los casos de violencia de género suscitan a diario en los juzgados y tribunales, así como sistematizar algunas de las particularidades de los procedimientos judiciales en esta materia y profundizar en el análisis de los tipos penales de violencia de género.
Definido el concepto de violencia de género, analizamos algunos aspectos procesales y particularidades de estos delitos como son la competencia del juzgado especializado de violencia de género; la instrucción de la causa regida por un canon de exhaustividad y suficiencia; la adopción de medidas cautelares; la declaración de la mujer como testigo y víctima; las circunstancias modificativas de responsabilidad penal habitualmente vinculadas a estos delitos; la reparación del daño y la ejecución y suspensión de las penas.
Además, se exponen con detenimiento las principales características de los delitos específicos de violencia de género, de aquellos delitos agravados cuando la víctima sea o haya sido cónyuge o persona ligada al autor por análoga relación de afectividad o de aquellos que se cometan con una clara finalidad de victimizar a la mujer en un escenario de estructural desigualdad contra las mujeres. Este estudio incorpora, entre otros, el examen de la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, de difusión de imágenes o grabaciones de carácter íntimo, de impago de pensiones o de maltrato animal cometido en el ámbito de la violencia de género.
