FERNÁNDEZ PÉREZ, ANA
Cualquier sistema estatal de arbitraje precisa, junto a un marco legal adecuado, una jurisprudencia que lo aplique e interprete adecuadamente. En España, tras una serie de directrices fijadas por el Tribunal Constitucional, esta función corresponde esencialmente a los Tribunales Superiores de Justicia, que desde el año 2011 ejercen importantes funciones en el nombramiento de los árbitros y en el control de los laudos arbitrales resolviendo las eventuales acciones de anulación respecto de los laudos pronunciados en España y en relación con los laudos pronunciados en el extranjero a través del execuátur. Las Audiencia Provinciales, también tienen un cierto papel en lo que atañe en la resolución de los recursos relativos a la denominada declinatoria arbitral y a los despachos de ejecución de los laudos firmes.
El periodo cubierto por la presente obra parte de la reforma que sobre la Ley de arbitraje de 2003 se realizó en 2011, que confirió gran protagonismo a los Tribunales Superiores de Justicia. Es cierto que en los dos últimos años la acción de los tribunales se ha reducido sensiblemente, pero la jurisprudencia en materia arbitral sigue siendo una constante que supera las 500 decisiones anuales.
En el presente libro se ha realizado una selección rigurosa de varios miles de decisiones, en un afán de escoger la doctrina más relevante de nuestros tribunales, procediéndose a una sistematización que incluye unos 1.400 extractos, clasificados en seis rúbricas: 1) Configuración del arbitraje en el Ordenamiento español; 2) Apoyo judicial al arbitraje; 3) Convenio arbitral, 4) Instituciones arbitrales y árbitros; 5) Anulación del laudo arbitral y 6) Execuátur de laudos extranjeros.
Posee este repertorio una pretensión de generalidad y el objetivo de ser de utilidad para los distintos operadores jurídicos involucrados en el arbitraje. Por ejemplo para la presentación por parte de los abogados de acciones judiciales relativas a la declinatoria arbitral, al nombramiento judicial de árbitros, al despacho de ejecución de laudos, o para oponerse a las mismas. También, para la articulación y/o oposición de las correspondientes acciones de anulación contra los laudos pronunciados. Resulta de gran utilidad, asimismo, para desarrollo diario de las actividades de las instituciones administradoras del arbitraje y, por supuesto, para los árbitros a la hora del ejercicio de las funciones arbitrales.
