FORMACIÓN DE LOS DERECHOS

El presente trabajo surge como reacción frente a una de las líneas principales de las doctrinas neoliberales para atacar y cuestionar al Estado de Bienestar, aquella que sostiene que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no pueden ser considerados como derechos fundamentales porque no encajan en la estructura jurídica propia del derecho subjetivo. Se afirma por esta corriente que el derecho subjetivo se asienta en una relación jurídica bilateral entre el titular del derecho (sujeto activo) y el obligado por el mismo (sujeto pasivo). El primero es el ciudadano y el segundo el Estado. Esta relación jurídica es viable y eficaz en los derechos fundamentales de primera generación (vida, libertad de movimientos, libertad de prensa, propiedad) respecto de los que el Estado solo ha de mantener una actitud pasiva, de no interferencia, para garantizarlos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con derechos de carácter prestacional que requieren una actuación positiva, normalmente de contenido económico, los mismos pierden su carácter fundamental ante la imposibilidad de su exigibilidad real.
Para la refutación de esta línea de pensamiento neoliberal en la obra se exploran varías vías de análisis que se orientan a evidenciar el carácter meramente instrumental e históricos de los conceptos jurídicos, a demostrar que, en varias etapas de su evolución histórica, el derecho subjetivo se ha sostenido sobre una relación jurídica trilateral y que su estructura bilateral en la etapa de las primeras declaraciones liberales es solo el fruto de los ideales políticos y económicos del momento y, por último, a sostener que no existe inconveniente jurídico ontológico y estructural alguno para formular una relación trilateral de los derechos subjetivos sobre la que cimentar la validez y eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales como verdaderos derechos fundamentales. Todo ella con el análisis simultáneo de la evolución del Estado conformado en las revoluciones liberales hasta su próxima configuración como Estado garante.