RODRÍGUEZ HERMOSO, FRANCISCO
El presente volumen establece una nueva estructura respecto a ediciones pasadas, tratando de ofrecer una mayor claridad sistemática que permita entender el proceso penal. La antigüedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus sucesivas reformas la convierten en repetitiva, abigarrada y quizás obsoleta en su terminología, especialmente en las normas del proceso sumario. Por ello, respecto a volúmenes anteriores, se estudian ahora independientemente los medios de investigación en la instrucción, que constituyen normas comunes para el sumario y para el procedimiento abreviado, con las especialidades que pueda establecer éste último. Tras los citados medios de investigación se establece la normativa y formularios de los dos procedimientos principales para, posteriormente, regular los procesos especiales. Se han suprimido los formularios que, debido a las nuevas tecnologías e instituciones y a la mayor y más fácil cooperación entre los Juzgados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, han caído en desuso.
Se incrementan las introducciones a los títulos y capítulos, se introducen explicaciones a formularios concretos y se aumenta el número de notas a pie de página. Del mismo modo, se da a la obra un contenido mas cercano a un tratado de derecho procesal, introduciendo epígrafes relativos a la acción penal y a determinadas instituciones que han adquirido relevancia práctica, como la violencia doméstica y de género o el internamiento de extranjeros. También se han incrementado las múltiples diligencias a practicar en sede de instrucción. Con ello se busca hacer del presente volumen no sólo un texto de formularios, sino también una guía de resolución de cuestiones que pueden presentarse en la práctica procesal penal.
A fecha de publicación de la obra no ha entrado en vigor la Ley 13/09, de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. No obstante, dado que lo hará el 4 de mayo de 2010, los formularios se han actualizado con la misma, y ello sin perjuicio de que al haberse introducido una nueva resolución del Secretario Judicial, la falta de práctica forense determine que las decisiones que se le atribuyen puedan adoptar distinta forma de la prevista en esta obra. En todo caso, el nuevo artículo 144 bis de la Lecrim señala que dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca; dictará diligencias de constancia, comunicación o ejecución a efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal, y se llamará decreto a la resolución que dicte cuando sea preciso o conveniente razonar su resolución.
La principal novedad de la Ley Orgánica 1/09 es la obligación de constituir un depósito para recurrir las resoluciones de los órganos judiciales. En el orden penal, tal obligación se impone sólo a la acusación popular.
