AZNAR GINER, EDUARDO
Índice
Dedicatoria 13
I. PLANTEAMIENTO 15
II. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL 19
III. LOS PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL 23
III.1. LA PREVIA DECLARACIÓN DEL CONCURSO COMO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RESCISORIA 23
III.2. LOS ACTOS DEL DEUDOR COMO OBJETO DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL 25
III.2.1. Concepto de acto 25
III.2.2. Supuestos de actos del deudor que pueden ser objeto de la acción rescisoria 31
III.2.3. Actos del deudor excluidos de rescisión 71
III.2.3.1. Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales 72
III.2.3.2. Actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación de valores e instrumentos derivados 99
III.2.3.4. Operaciones al contado equivalentes a desplazamientos de dinero 102
III.2.3.5. Cesiones de créditos 102
III.2.3.6. Acuerdos de compensación y garantías financieras 104
III.2.3.7. Liquidación anticipada 107
III.2.3.8. Bonos garantizados 107
III.2.3.9. Garantías por créditos de derecho público y Fondo Garanta Salarial 108
III.2.3.10. Reconocimiento y pago de créditos públicos para regularizar o atenuar la responsabilidad penal. 110
III.2.3.11. Medidas de resolución de entidades de crédito y empresas de prestación de servicios. 111
III.2.3.12. Planes de reestructuración 112
III.2.4. Los actos objeto de rescisión deben ser del deudor 118
III.2.5. Los actos del deudor deben recaer sobre bienes o derechos de su patrimonio 128
III.3. EL PERJUICIO DEL ACTO PARA LA MASA ACTIVA COMO FUNDAMENTO DE LA RESCISIÓN 129
III.3.1. Introducción 129
III.3.2. ¿Abandono del carácter fraudulento del acto? 130
III.3.3. Concepto de perjuicio 134
III.3.3.1. Tesis estricta 134
III.3.3.2. Tesis amplia 135
III.3.3.3. El sacrificio patrimonial injustificado 141
III.3.4. El acto del deudor ha de ser perjudicial para la masa activa 148
III.3.5. Determinación del perjuicio 148
III.3.5.1. Desde un punto de vista objetivo 148
III.3.5.2. Desde un punto de vista temporal 154
III.4. REGLA GENERAL: LA PRUEBA DE LA PERJUDICIALIDAD 158
III.5. PRESUNCION IURIS ET DE IURE DE PERJUDICIALIDAD DEL ACTO 246
III.5.1. Planteamiento 246
III.5.2. Actos a título gratuito 248
III.5.2.1. Fundamento de la presunción 248
III.5.2.2. Concepto de acto a título gratuito 250
III.5.2.3. Supuestos controvertidos 261
III.5.2.4. Las liberalidades de uso 298
III.5.3. Extinción de obligaciones con vencimiento posterior al concurso 300
III.5.3.1. Fundamento de la norma 301
III.5.3.2. Actos objeto de la presunción 303
III.5.3.3. Otras cuestiones 316
III.6. PRESUNCIÓN IURIS TAMTUM DE LA PERJUDICIALIDAD DEL ACTO 318
III.6.1. Actos a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor 319
III.6.1.1. Personas especialmente relacionadas con el deudor 319
III.6.1.2. Fundamento de la presunción 331
III.6.1.3. Momento en que debe existir la vinculación 332
III.6.1.4. Criterios para acreditar la ausencia de perjuicio 336
III.6.1.5. Una reflexión crítica sobre el tratamiento concursal que se da a las personas especialmente relacionadas con el concursado 353
III.6.1.6. Conciliación entre la presunción muciana concursal y la presunción objeto del art. 228.1.º TRLC 355
III.6.2. Garantías reales a favor de obligaciones preexistes o de las nuevas contraídas en lugar de aquellas 357
III.6.2.1. Fundamento de la presunción 357
III.6.2.2. Obligaciones y garantías objeto de la presunción. General 362
III.6.2.3. Garantías constituidas con relación a obligaciones preexistentes 371
III.6.2.4. Garantías constituidas a favor de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas 392
III.6.3. Extinción de obligaciones con vencimiento posterior al concurso que gozan de garantía real 420
III.7. LOS ACTOS DEL DEUDOR, ADEMAS DE PERJUDICIALES PARA LA MASA ACTIVA, DEBEN HABERSE REALIZADO DENTRO DEL PERIODO SOSPECHOSO 422
III.7.1. General 422
III.7.2. Computo del plazo 441
IV. LEGITIMACIÓN Y PROCEDIMIENTO 447
IV.1. LEGITIMACIÓN 447
IV.1.1. Legitimación activa: legitimación principal y subsidiaria 449
IV.1.1.1. Legitimación principal 449
IV.1.1.2. Legitimación subsidiaria 455
IV.1.2. Legitimación pasiva 465
IV.1.3. Intervención de terceros 469
IV.2. PROCEDIMIENTO 473
IV.2.1. Demanda 479
IV.2.1.1. Interposición 479
IV.2.1.2. Forma de la demanda 486
IV.2.1.3. Admisión de la demanda. Acumulación de otras demandas contra el mismo acto 487
IV.2.1.4. Efectos de la admisión de la demanda. No suspensión del proceso concursal 487
IV.2.2. Contestación a la demanda 488
IV.2.3. Tramitación del incidente por los trámites previstos para los juicios verbales 488
IV.2.4. Medidas cautelares 489
IV.2.5. Sentencia y recursos contra la misma. 490
IV.2.6. Costas 490
IV.2.7. Aprobación de convenio, o conclusión del concurso, durante la tramitación del incidente concursal rescisorio 493
V. ¿PRESCRIPCIÓN (CADUCIDAD) DE LA ACCION? TIEMPO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL. CONCLUSIÓN DEL CONCURSO. REAPERTURA 495
VI. CESIÓN DE LAS ACCIONES 511
VII. EFECTOS DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL FRENTE A LA CONTRAPARTE DEL CONCURSADO Y TERCEROS 515
VII.1. EFECTOS EN RELACIÓN CON EL ADQUIRENTE DIRECTO 515
VII.1.1. Adquirente de buena fe 515
VII.1.2. Adquirente que actúo de mala fe 536
VII.1.3. Cuestiones dudosas 558
VII.1.3.1. Obligaciones de hacer o no hacer ejecutadas con anterioridad a la restitución. 559
VII.1.3.2. Pagos anticipados en virtud de un contrato de préstamo o crédito. 559
VII.1.3.4. Rescisión de una garantía real 559
VII.1.3.5. Garantías extinguidas como consecuencia de su sustitución por otra garantía posteriormente rescindida 572
VII.1.3.6. Bienes reintegrados que devienen no necesarios para pagar a los acreedores concursales 575
VII.2. EFECTOS EN RELACIÓN CON LOS SUBADQUIRENTES 575
VII.2.1. El subadquirente no fue demandado 576
VII.2.2. El subadquirente no actuó de mala fe 576
VII.2.3. El subadquirente goza de irrevindicabilidad o protección registral 577
VII.3. EFECTOS DE LA RESCISIÓN SI INTERVIENE SUBADQUIRENTE 578
VII.3.1. No es posible la rescisión 578
VII.3.1.1. No mediando mala fe del adquirente directo 578
VII.3.1.2. Mediando mala fe del adquirente directo 579
VII.3.2. Resulta posible la rescisión 579
VIII. EL EJERCICIO DE LAS DEMÁS ACCIONES DE REINTEGRACIÓN 581
IX. LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL Y EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 585
X. BIBLIOGRAFÍA 603
XI. FORMULARIOS 615
El día 1 de septiembre de 2004, entró en vigor la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC). Esta Ley, que supuso el fin de un arduo y complejo camino para la modernización de nuestro sistema concursal, introdujo numerosos cambios respecto del precedente sistema de quiebra y suspensión de pagos. Especialmente, en lo relativo a extender el concurso a los no comerciantes. Uno de los puntos que más problemas había causado bajo el régimen derogado de la quiebra, era el relativo al reintegro de la masa activa, esto es, la recuperación de los bienes del deudor que habían salido indebidamente de su patrimonio antes de instarse la quiebra. A tal efecto, cabe recordar la famosa, y temida, retroacción de la quiebra. Esta figura, que dio lugar a numerosos conflictos, especialmente a la hora de fijar el día de retroacción, que quedaba al arbitrio del Juez, fue sustituida en la LC por un sistema de reintegración basado en el ejercicio en el seno del concurso, vía incidente, de las acciones impugnatorias contra los actos del deudor que reúnan determinados requisitos. Este sistema, con alguna modificación, de tizne meramente aclaratorio o matizatorio, se mantiene en el actual y vigente TRLC. Una de estas acciones, la específicamente concursal, es la llamada acción rescisoria concursal basada ya no en el fraude, sino en el perjuicio causado por el deudor en la masa activa, recogida inicialmente en el art. 71 de la vieja LC, y actualmente, en los arts. 226 y ss TRLC. Voy a dedicar este trabajo a esta concreta acción rescisoria concursal, desde las diversas perspectivas que ofrece, incluida la fiscal y contable, examinando su regulación con una finalidad planteatoria de los problemas y dudas interpretativas que me surgen, y facilitadora, al menos lo intentaré, de respuestas a estos interrogantes. Eso si, siempre con el necesario e imprescindible estudio de la opinión de nuestra doctrina y las resoluciones judiciales que, sobre la materia, han dictado los Tribunales, en especial la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo. Y aportando un ramillete de formularios sobre la materia, ya adaptados a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia.
