El modelo de organización de la justicia y de derecho penal relacionado con el sistema penal que también se propone en estos textos, apunta en esa dirección. El derecho garantizador del que se habla, incluso con una única dimensión procesal y agnóstica, además de incorporar el rechazo de la violencia, permite elaborar un criterio jurídico que otorgue pautas para la articulación de políticas democráticas y nos alejan de la violencia de la cultura actual sin imponer otra más poderosa.
De esta forma, el enfoque transdisciplinario debe compatibilizar las mejores expresiones de la sociología, la antropología y la historia, con los límites filosóficos y políticos penales propios del pensamiento ilustrado, que el derecho penal actual refleja en el garantismo, capaces estos últimos de colocar en una posición privilegiada al individuo, y también, a la "racionalidad" ligada a valores finales como el de la pacificación y la participación democrática o igualitaria. Todo ello supone un posicionamiento expresamente político.
Si es grave que no se investigue el accionar de jueces, fiscales y defensores, y se analicen desde fuera de sus corporativas instituciones formas diversas de organización, mucho más grave es que eso deje de hacerse desde postulados políticos y académicos progresistas o de izquierda. La "criminología crítica" debe ocuparse de esa tarea.
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