CASADEVALL PORTAS, AXEL
Las redes sociales se han convertido en una parte importante de la vida social de muchas personas y han producido un cambio en nuestra forma de informarnos, de formarnos opinión y de comunicarnos. Los jueces no escapan a este fenómeno y emplean las redes sociales como el resto de los ciudadanos. Comparten noticias y opiniones en sus perfiles de Twitter, publican en Instagram fotografías de sus viajes o de su trabajo, participan en grupos de Facebook, se comunican a través de WhatsApp y pasan tiempo viendo vídeos en YouTube o TikTok.
Tanto por sus características como por el uso que se les da, las redes sociales pueden tensionar los principios de ética judicial. Los jueces no son inmunes a estos riesgos y se dan ocasiones en la que las emplean indebidamente, publican opiniones de las que posteriormente deben retractarse, interaccionan con otros usuarios de forma inapropiada, o publican información privada o de terceros. Esta situación lleva a que estas redes supongan un reto para la imagen de la Justicia e incluso para la legitimidad del poder judicial.
Ante estos riesgos, este libro puede resultar útil para jueces, fiscales, abogados y estudiosos del Derecho porque, desde una perspectiva ética y práctica, intenta responder a cuestiones como la posibilidad de identificarse como juez en redes sociales, el uso del anonimato, el significado y consecuencias de la amistad en redes sociales y la libertad de expresión de los jueces en redes, etc. Ante la ausencia de una regulación específica, se analiza la forma en que, desde España, la Unión Europea, Latinoamérica y Estados Unidos, entre otros países e instituciones, se ha dado respuesta a este reto.
Pese a los riesgos enunciados, las redes sociales son también una oportunidad para la Administración de justicia y el poder judicial. Las mismas características de rapidez, proximidad entre los usuarios y potencial difusión a gran escala de los contenidos las hacen instrumentos idóneos para lograr una mayor confianza en la Justicia. Las redes sociales pueden favorecer un mayor acercamiento entre los jueces y los ciudadanos, que la Judicatura y los órganos de gobierno del poder judicial deben saber aprovechar.
