MARTIN MARIA RAZQUIN
La realidad nos muestra la ingente cantidad de datos empresariales que tienen las Administraciones Públicas. En un momento en que el principio de transparencia cobra nuevos y amplios bríos, se hace necesaria una reflexión que lo acote en sus justos límites a fin de no desconocer otros derechos legítimos, en este caso, la protección de los datos empresariales. Por tanto, es preciso encontrar el justo equilibrio entre transparencia y confidencialidad. Se ha pretendido construir una teoría general del derecho a la confidencialidad de las empresas respecto de sus datos en orden a proteger la libre y leal competencia, poniendo sus cimientos en el Derecho originario y derivado de la Unión Europea y, asimismo, en la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Se trata de un derecho autónomo y general y, en consecuencia, aplicable en todos los ámbitos, como nos lo muestra la normativa y jurisprudencia europea y española. Aquí se analiza el ámbito del Derecho Administrativo, haciéndose especial hincapié en algunos sectores de intervención administrativa como la defensa de la competencia, la contratación pública y el medio ambiente. La confidencialidad de los datos empresariales constituye un derecho por cuya efectividad las Administraciones Públicas deben velar y los Tribunales garantizar su protección.
