MARIA ANGELES PEREZ MARIN
La doctrina de los actos propios exige coherencia en todas las actuaciones de una relación jurídica y establece el deber de reparar el daño causado a quienes contravienen ese mandato. Contiene, pues, una idea natural de justicia que, por la sencillez de su formulación, resulta especialmente atractiva para los operadores jurídicos.
Su aplicación en el ámbito del Derecho Tributario es posible, aunque exige matizar las construcciones dogmáticas elaboradas en el ámbito del Derecho privado. Sobre todo porque en las relaciones jurídicas tributarias rige el principio de legalidad y no el de autonomía de la voluntad, y ello condiciona severamente la actuación de la Administración
En todo caso, el hecho de que muchos elementos de la actuación administrativa sean susceptibles de distinta apreciación y, muy especialmente, la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de unos contribuyentes obligados a liquidar por sí mismos la deuda tributaria, permiten que esta doctrina tenga cada vez mayor aceptación por parte del Tribunal Supremo.
El trabajo, a partir de los principales pronunciamientos jurisprudenciales, estudia los motivos que pueden habilitar o inhabilitar la aplicación de esa doctrina en los distintos procedimientos tributarios. Finalmente, contiene una propuesta metodológica general sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios en Derecho Tributario.
