El presente libro analiza la construcción del principio de legalidad desde la creencia normativa en sus antecedentes remotos, su confi guración mediante la vigencia de la Carta Magna, la modernidad con la revolución francesa y el liberalismo ilustrado, hechos que posteriormente dan origen al derecho penal. Este proceso en el siglo XIX permite una garantía de legalidad para el ciudadano bajo límites de libertad para actuar y de abstenerse de vulnerar la ley. Esta noción de legalidad puede entenderse como el primer precedente tendiente a desarrollar un sistema dogmático que en sí mismo, pretende erigirse como garantía de seguridad para el ciudadano en contra de la arbitrariedad. En esta etapa se identifi ca legalidad con legitimidad. Lo anterior permitió un desarrollo de escuelas dogmáticas que fi jaron parámetros de las garantías actuales, las cuales se identifi can en el siglo XX, como mecanismos de protección del ciudadano, más allá de la simple legalidad para confi gurar la legitimidad. Es decir, además de la potestad normativa para el ciudadano, es necesaria la prevalencia sustancial de los derechos humanos, así como de mecanismos de enjuiciamiento que sobre todo deben evidenciar justicia efectiva. El panorama anterior, asegura la garantía criminal del ciudadano que ampara sus derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la justicia material, la legalidad y propiamente la legitimidad. Este mismo fenómeno se puede observar, en la construcción de la justicia internacional, que en el texto se desarrolla precisamente, para buscar la justicia material en unos precisos crímenes de carácter universal, que obedecen a la noción de garantía criminal en el derecho penal internacional. En este escenario, atendiendo la construcción del derecho y de la justicia internacional, también se acude a la noción de legitimidad de carácter internacional, que tuvo que sufrir numerosos episodios históricos de gran connotación para consolidar la base internacional que se erige desde la guerra justa del medioevo, hasta la norma convencional, los Tribunales Ad Hoc, (Leipzing, Nüremberg, Tokyo Ruanda, la antigua Yugoeslavia entre otros) hasta el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Todos estos elementos internacionales y de derecho penal deben ser observados si en la actualidad se acude al concepto de garantía criminal en su protección tanto interna como internacional.
