CALVO VÉRGEZ, JUAN
La presente obra analiza la vigente regulación del delito fiscal contenida en el art. 305 CP y su conexión con la figura de la regularización tributaria y con la regulación contenida en el Título VI de la LGT, relativa a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en los supuestos de delito contra la Hacienda Pública. Tras la reforma operada por la Ley 34/2015 se ha superado el trato diferente que la regulación preexistente dispensaba a quien se constituía en presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública frente a quien se configuraba como mero infractor administrativo, en relación con la obligación que atañía a este último frente al primero de pagar o garantizar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo. Sin embargo la regulación aprobada se fundamenta en aspectos tan discutibles como la atribución a la Administración tributaria de la liquidación y ejecución de la deuda antes de la existencia de una sentencia penal firme o de su ejecución por la vía de apremio y la diferenciación entre elementos vinculados y no vinculados al delito, lo que podría llegar a afectar a derechos tan relevantes como la tutela judicial efectiva. La imposibilidad de acudir a la revisión en vía administrativa de la liquidación que pone término al procedimiento de comprobación puede terminar privando al contribuyente de un derecho fundamental al control jurisdiccional contencioso-administrativo, desplazando el control de legalidad en estos casos a la vía penal.
