MENÉNDEZ CONCA, LUCAS GABRIEL
Agradecimientos Prólogo Abreviaturas Introducción Capítulo primero. La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su seno con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio I. El silencio de los Códigos Penales españoles del siglo XIX II. Responsabilidad penal corporativa por la comisión de delitos de imprenta III. El Proyecto de Código Penal de 1884 IV. El Código Penal de 1928 V. Los Códigos Penales de 1932 y 1944. El Código Penal, texto refundido de 1973 VI. La jurisprudencia del Tribunal Supremo durante el siglo XX: vigencia del principio societas delinquere non potest VII. El Código Penal de 1995: las denominadas «consecuencias accesorias» del art. 129 CP VIII. La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre Capítulo segundo. Problemas que plantea la atribución de responsabilidad «penal» a las personas jurídicas en el Código Penal I. La introducción de la RPPJ en el Código Penal 1. Los instrumentos jurídicos internacionales no exigían la imposición de penas a las personas jurídicas 2. Los argumentos político-criminales aducidos en defensa de la RPPJ II. La naturaleza jurídica de las «penas» aplicables a las personas jurídicas 1. Sector doctrinal que considera que se imponen verdaderas penas a las personas jurídicas 2. Sector doctrinal que defiende que se trata de una responsabilidad corporativa solo formalmente penal 3. La discusión en el ámbito del Derecho administrativo sancionador 4. Las personas jurídicas carecen de capacidad de acción, de culpabilidad y de soportar la pena III. El modelo vigente en el Código Penal para atribuir responsabilidad «penal» a las personas jurídicas 1. Las opiniones discrepantes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo 2. El debate en la doctrina 3. La adopción de un modelo vicarial o de heterorresponsabilidad limitada o matizada por ciertos elementos Capítulo tercero. La exención de responsabilidad «penal» por la adopción y ejecución eficaz de un modelo de organización y gestión (compliance program) para prevenir la delincuencia en el seno de la persona jurídica I. Consideraciones previas II. Fundamento de la adopción y ejecución eficaz de modelos de organización y gestión (compliance programs) como elemento capaz de eximir de responsabilidad «penal» a las personas jurídicas o, en su caso, atenuar la misma III. ¿Puede afectar la adopción y ejecución eficaz de un compliance program a la responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica? IV. ¿Tienen las personas jurídicas una obligación legal de adoptar modelos de organización y gestión (compliance programs) para prevenir con carácter general que sus dirigentes y empleados cometan delitos en el ejercicio de sus funciones? V. Naturaleza jurídica que posee la adopción y ejecución eficaz de modelos de organización y gestión (compliance programs) como causa de exención (o, en su caso, atenuación) de la responsabilidad «penal» en que pueden incurrir las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus integrantes 1. Condiciones que deben concurrir para que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad «penal» 2. La discrepancia de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo respecto de la naturaleza jurídica de esta causa de exención (o, en su caso, atenuación) de responsabilidad 3. Críticas a los intentos de dotar de naturaleza penal a esta causa de exención (o, en su caso, atenuación) de responsabilidad 3.1. Causa de atipicidad 3.2. Causa de justificación 3.3. Causa de exclusión de la culpabilidad 3.4. Causa de exclusión personal de la punibilidad 4. Las tesis de Silva Sánchez y de Boldova Pasamar VI. ¿Qué tiene que probar la acusación para que se pueda condenar a una persona jurídica por un delito cometido en su seno? Conclusiones Bibliografía
La introducción de la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en el Código Penal tuvo su origen en una decisión estrictamente política en la que prevalecieron los argumentos político-criminales (de signo utilitarista), no exentos de críticas, que se habían aducido en favor de este cambio. Se podrá criticar la conveniencia de que se hayan incluido los arts. 31 bis y concordantes en el Código Penal, pero se ha de reconocer que este régimen de responsabilidad corporativa ha llegado para quedarse. Sin embargo, ello no significa en absoluto que debamos resignarnos a aceptar que las personas jurídicas han adquirido capacidad delictiva, ya que, como se explica en este trabajo, los entes colectivos continúan careciendo de capacidad de acción, de culpabilidad y de soportar la pena, por lo que se trata, en realidad, de un régimen de responsabilidad solo formalmente penal. Desde el año 2015 las personas jurídicas pueden quedar exentas de responsabilidad «penal» si se cumplen ciertas condiciones, entre las que se encuentra la adopción y ejecución eficaz, antes de la comisión del delito, de un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Una parte importante de este trabajo se dedica al estudio de la controvertida naturaleza jurídica que posee esta causa de exención (o, en su caso, atenuación) de responsabilidad.
