La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).
