DÍAZ PEDRERO, JUAN GASPAR
La responsabilidad penal por un delito fiscal a los intervinientes de la relación tributaria, aunque estos no hayan participado directamente en el mismo, supone un alto grado de incertidumbre para determinadas profesiones. Es el caso del asesor fiscal, auditor de cuentas, director financiero y oficial de cumplimiento tributario o tax compliance officer.
A esta situación se añade que nos encontramos ante un nuevo paradigma penal que ha tenido repercusión en el ámbito tributario y que ha dado lugar a lo que conoce como cumplimiento cooperativo tributario, y que posiblemente, va a suponer nuevas atribuciones y responsabilidades para estos intermediarios fiscales.
El hecho de poder exigir la responsabilidad penal por un delito fiscal a los intervinientes de la relación tributaria, aunque estos no hayan participado directamente en el mismo, supone un alto grado de incertidumbre para determinadas profesiones. Es el caso del asesor fiscal, auditor de cuentas, director financiero y el tax compliance officer. En la actualidad la responsabilidad penal de estos profesionales, es un tema de discusión doctrinal y jurisprudencial apasionante (un claro ejemplo lo encontramos en la sentencia del caso Messi).
A esta circunstancia se añade que nos encontramos en un momento de cambio en el ámbito penal que ha dado lugar a un nuevo paradigma en el que la sociedad empieza a exigir a las empresas que asuman la tarea de controlar sus riesgos que pueden desencadenar en delitos se busca la aplicación efectiva de la norma. Esta situación no es ajena al ámbito fiscal, donde se habla de una nueva forma de relación entre los intervinientes de la relación tributaria y de las propias administraciones de los distintos Estados. A este nuevo fenómeno se le conoce como cumplimiento cooperativo tributario, y va a suponer nuevas atribuciones y responsabilidades para los intermediarios fiscales. Otras cuestiones a tener en cuenta, son las últimas transposiciones a nuestro ordenamiento de Directivas Comunitarias como la DAC 6 o la que regula el canal de denuncias.
En este libro se pretende determinar si las nuevas atribuciones que se les están otorgando a los distintos intermediarios fiscales pueden llegar a suponer un deber especial de impedir la comisión de delitos tributarios derivados de actividad empresarial, de tal manera que alguno de estos intervinientes, pudiera llegar a asumir un deber de garante, cuya infracción podría dar lugar a una responsabilidad penal.
