LUCHENA MOZO, GRACIA MARÍA
La presente Serie Fiscal analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales.
La eficacia y la recaudación ejecutiva son notas inherentes a la exigencia de un sistema tributario justo que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. Consecuencia de inmediata derivación de la condición ejecutiva y ejecutoria de los actos administrativos es su contigua ejecución pese a que el sujeto obligado a su cumplimiento discrepe del contenido del mismo. A ello da respuesta el procedimiento de apremio contra el patrimonio del deudor con el fin de dar satisfacción a la deuda tributaria que permita hacer efectivo el principio de contribución a los gastos públicos en función de la capacidad económica que nuestra Constitución recoge en el artículo 31. Sin embargo, para evitar el peligro de que la justicia pierda su sentido o que se afecten derechos o intereses legítimos se arbitran las medidas cautelares que pretenden dar efectividad a la tutela judicial y que permiten proclamar la existencia de un "derecho a la tutela cautelar" incluido en el derecho fundamental que contiene el art. 24 de la CE. Sobre esta base se analiza la suspensión del procedimiento de apremio prevista en el art. 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que podrá hacerse efectiva mediante el recurso de reposición o a través de las reclamaciones económico-administrativas de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del Reglamento General de Recaudación. Junto a estos supuestos que pueden considerarse tradicionales de suspensión pueden existir, y de hecho existen, otras hipótesis que producen también efectos suspensivos del procedimiento de apremio como la interposición de las tercerías de dominio y de mejor derecho que también son tratadas
