ARAGUÀS GALCERÀ, IRENE
La elaboración de reglamentos estatales y autonómicos se ha visto directamente afectada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dedica su Título VI a regular, con carácter básico, la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Las previsiones de esta norma, y la modificación de la Ley del Gobierno operada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vienen a confirmar la tendencia apuntada en los últimos años, referida a la necesidad de perfeccionar los términos en los que la Administración innova el ordenamiento jurídico e implementar, en este ámbito de la actuación administrativa, mayores niveles de transparencia, todo ello en consonancia con los postulados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como de las distintas leyes de transparencia autonómicas.
