MAGRO SERVET, VICENTE
El estudio de la obra se concreta en un detallado análisis de las medidas alternativas a la prisión que se contemplan en el Código Penal, desde la perspectiva práctica de sus autores, en virtud de su condición de magistrados pertenecientes a un órgano judicial del orden penal que debe asumir diariamente la función de hacer ejecutar las sentencias dictadas por los órganos judiciales.
Tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la sustitución presentan enormes dificultades en ocasiones, por no disponer de sistemas que garanticen el cumplimiento de las reales medidas complementarias a la suspensión; por ejemplo, en materia de programas formativos o de reeducación. Así, en muchas ocasiones se plasman en los textos penales acertadas medidas que luego se demuestran inoperantes en la práctica por la falta de mecanismos de desarrollo que permitan la exacta y correcta ejecución de lo acordado por el juez penal. En este sentido, es preciso trabajar en disposiciones o medidas de desarrollo que permitan la correcta ejecución en virtud de protocolos de actuación coordinada entre las distintas Administraciones.
Si es cierto que la respuesta carcelaria no es la única, y no debe serlo, también lo es que, si se apuesta por medidas alternativas a la prisión, ello se debe hacer bajo la filosofía de la efectiva ejecución de lo acordado por el juez penal. En caso contrario, todo quedará como una intención expuesta o plasmada en un papel, que no conllevará el ingreso en prisión del penado. Ni que decir tiene que desde el punto de vista de las víctimas resulta descorazonador que tras haber puesto una denuncia, y celebrado juicio oral, se dicte una sentencia condenatoria y se suspenda la ejecución de la pena sin más. La posición de la víctima en el proceso penal no debe enfocarse como la concepción de una mera declaración de un testigo. La víctima tiene que comprobar que el Estado de Derecho dispone de recursos, y los pone en marcha, para, en el caso de que se acuerde la suspensión de la ejecución de la pena, que ésta se complemente con programas formativos o de reeducación y se obligue al penado a realizar determinadas actividades resocializadoras que cumplan el fin contemplado en la Constitución.
Además, se completa la obra con un repertorio de jurisprudencia sistemática por preceptos, actualizada a las últimas resoluciones dictadas en materia de medidas alternativas a la prisión, que asciende a ochenta autos y sentencias que resuelven los problemas que se suscitan en la parte teórico-práctica del manual, y una relación de veinticuatro formularios aplicables a lo que constituye el objeto del estudio.
