BLANCO-MORALES LIMONES, PILAR
Uno de los efectos más notorio de la crisis económica es el incremento de la morosidad, con el aumento de impagados y de los retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afectan a todos los sectores y suponen importantes costes financieros, administrativos y jurídicos. Esta situación, que se contagia en cadena entre las empresas y que, en muchos casos, tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de las Administraciones públicas, está provocando la pérdida de empleos y la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.
La preocupación por esta situación, especialmente patente en las pequeñas y medianas empresas, en gran medida dependientes del crédito a corto plazo y con evidentes limitaciones de tesorería, se plasmó en la Ley 3/2004, dictada en aplicación de una Directiva europea del año 2000. Ley recientemente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, cuya novedad más importante es la prohibición expresa de períodos de pago a proveedores superiores a 60 días.
Pocos meses después de publicada la Ley 15/210, se aprobó una nueva Directiva por la que se introducen cambios sustantivos en la regulación europea para combatir la morosidad. La Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero, deberá ser incorporada al Derecho de los Estados miembros antes del 16 de marzo de 2013. Una obligación que se limita a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE y que no impide que los Estados miembros mantengan o establezcan disposiciones más favorables para el acreedor.
En suma, la lucha contra la morosidad presenta múltiples aspectos y cuenta con un marco jurídico complejo. De esta importante y, a la vez, actual cuestión se ocupa la presente obra, fruto del esfuerzo conjunto de varios miembros de nuestro Consejo Editorial LA LEY, que afronta el estudio de la morosidad desde diferentes ámbitos, abarcando sus aspectos civiles, fiscales o procesales, así como su incidencia en el sector público o en el entorno económico de las empresas.
