GONZÁLEZ CIFUENTES, CAROLINA
El haber elegido «saltar a la arena pública» no puede ser nunca la razón suficiente que legitime injerencias en la intimidad de un político. En todo caso, aunque se equivoquen las justificaciones se nos impone una realidad: hay parcelas de la vida privada de los gobernantes y altos cargos que son de «interés público». Aún más, ciertas veces se vuelve necesario levantar el velo protector de la intimidad de su familia. Pero entonces: ¿qué es lo «público» o «publicable» cuando se trata de la privacidad de un gobernante o alto cargo?; ¿sería constitucional una norma que haga abiertamente públicas sus declaraciones de bienes?; ¿son sus familiares «personas privadas» que tienen derecho a permanecer en el anonimato?; ¿sería constitucional una norma que exigiera a ese vínculo íntimo una declaración íntegra de su patrimonio?
En la España de aquí y ahora, reubicar el espacio de «lo público» y «lo privado» es imperioso. Si bien desde 1890, con su formulación original, el derecho a la intimidad se presenta como un «derecho a no ser molestado», ocurre que el orden jurídico no responde sin matices a esa expectativa. En buena hora hay una norma -reciente y paradójicamente olvidada- que busca «molestar» a la élite de los cargos políticos. Ella quiere que se sientan observados, escrutados y hasta inquietos; y más lo anhelan así los ciudadanos que despiertan cada día con la noticia de un nuevo escándalo político de enriquecimiento ilícito.
En este libro se pretenden desarrollar los argumentos jurídicos que funcionan como «pieza clave» para resolver todas estas cuestiones e interrogantes. Para ello los planteamientos iniciales se concretan en una revisión crítica del camino recorrido (y no recorrido) por la Ley 5/2006 de 10 de abril, titulada sin acierto- de «Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado» que, con sus fines preventivos y represivos de la corrupción, se interesa por lo que los jerarcas hacen «más allá de sus despachos».
Es momento de cuestionar el tratamiento que la legislación española concede a los políticos y a su intimidad.
