SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES
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SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES

CON OCASIÓN DE SU ACTUACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RICARDO JUAN SÁNCHEZ

28,00 €
26,60 €
IVA incluido
Sin Stock. Disponible en 5/7 días
Editorial:
TIRANT LO BLANCH (PAPEL)
Año de edición:
2009
Materia
Derecho Administrativo
ISBN:
978-84-9876-382-9
Páginas:
164
Encuadernación:
Rústica
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Abreviaturas


PRIMERA PARTE

I. Introducción

II. Previsiones legales sobre la imposición de sanciones con ocasión de un proceso
1. La Ley Orgánica del Poder Judicial
2. La Ley de Enjuiciamiento Civil
3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal
4. La Ley de Procedimiento Laboral
5. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

III. Clasificación de las sanciones «procesales»
1. Por los sujetos pasivos de las mismas
a) Sanciones a las partes procesales
b) Sanciones a los profesionales causídicos
c) Sanciones a imponer a terceros intervinientes en los procesos
d) Sanciones a imponer al público asistente a las vistas judiciales u otros actos procesales
2. Por el titular de la potestad sancionadora
a) Sanciones competencia exclusiva de los titulares de la potestad jurisdiccional
b) Sanciones a imponer también por los Secretarios Judiciales
3. Por el bien jurídico protegido por la norma sancionadora
a) El adecuado desarrollo del proceso
b) La posición institucional de la Administración de Justicia
d) El caso particular de las «multas coercitivas»: ejercicio estricto de potestad jurisdiccional


SEGUNDA PARTE

I. Diversidad de regímenes sancionadores de los Abogados y Procuradores
II. Único régimen «disciplinario-procesal»
1. ¿Existen «obligaciones» procesales de los Abogados y Procuradores?
2. Aplicación del 247.3 LECiv a Abogados y Procuradores
3. Elementos comunes de las sanciones previstas en la LECiv y en la LOPJ
a) El ámbito objetivo y el bien jurídico tutelado
b) Las sanciones previstas en los dos textos legales
c) El procedimiento sancionador

III. Compatibilidad entre la responsabilidad «disciplinaria-colegial» y la responsabilidad «disciplinaria-procesal»


TERCERA PARTE

I. Estado de la doctrina y jurisprudencia sobre el régimen sancionador de la LOPJ de 1985

II. Ámbito objetivo de aplicación del régimen sancionador

III. Doctrina constitucional sobre el régimen de la LOPJ
1. Justificación del régimen sancionador
2. El bien jurídico tutelado por las normas sancionadoras
a) El debido respeto a la institución de la Administración de Justicia
b) El correcto desarrollo del proceso (la policía de estrados)
3. El carácter jurisdiccional de los acuerdos sancionadores
4. La constitucionalidad del procedimiento sancionador
a) Respeto al principio de contradicción
b) Inexistencia de fase instructora e imparcialidad judicial
c) El acceso a la justicia
5. El principio de legalidad
6. No suspensión de las resoluciones recurridas en amparo

IV. Elementos para determinar la verdadera naturaleza jurídica de las sanciones a Abogados y Procuradores
1. Razones terminológicas
2. Razones estructurales
a) La naturaleza administrativa de los órganos sancionadores
b) La naturaleza administrativa de la sanción
b.1) La naturaleza administrativa del acuerdo sancionador
b.2) La naturaleza administrativa del «recurso de alzada»

V. Las garantías del procedimiento sancionador

VI. La situación desigual de Abogados y Procuradores frente a Jueces y Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal

VII. Conclusión: la actividad sancionadora sobre Abogados y Procuradores no puede constituir una auténtica «jurisdicción disciplinaria»

EPÍLOGO

ANEXOS
I. Resumen de jurisprudencia
II. Tabla comparativa de disposiciones
III. Clasificación de las sanciones

BIBLIOGRAFÍA

En el caso de su actuación ante los Tribunales de Justicia los Abogados y Procuradores siempre han estado sujetos al régimen sancionador previsto en la LOPJ. Actualmente además pesa sobre ellos la posibilidad de incurrir en prácticas que los Tribunales consideren contrarias a la buena fe procesal. En este libro se clasifican las sanciones a que se exponen éstos profesiones, se contrastan sus regímenes, seconviene que no existen diferencias entre ellas y que además son compatibles, en su caso, con la responsabilidad disciplinaria colegial. Además se presta especial atención a su naturaleza jurídica y el régimen de impugnaciones de las mismas con vistas a rebatir los criterios de la jurisprudencia, que no tiene presentes los cambios legislativos introducidos en esta materia.

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