MESEGUER VELASCO,SILVIA
Las opciones religiosas de los ciudadanos tienen un impacto importante en la esfera pública, lo cual incluye naturalmente el servicio público del transporte. Ese hecho plantea cuestiones de relieve acerca de las políticas legislativas -nacionales y transnacionales- que regulan la prestación de ese servicio público, en el cual la seguridad ha devenido un factor esencial, y casi obsesivo, desde principios de siglo. ¿Han de valorar los gobiernos solo las implicaciones que derivan de las prescripciones religiosas de los ciudadanos? ¿Se han de guiar exclusivamente por criterios que garantizan la seguridad pública en el transporte como bien jurídico constitucional? ¿O cabe una solución integradora que incluya la protección de los derechos fundamentales?
