HIERRO ANIBARRO, SANTIAGO
El presente estudio cierra una trilogía dedicada al régimen jurídico de la pequeña y mediana empresa. El primero (Simplificar el Derecho de sociedades, Marcial Pons, 2010) estaba dedicado a la simplificación de su fundación y ordenación para abaratar los costes de transacción de la pequeña empresa, mientras que el segundo (Gobierno corporativo en sociedades no cotizadas, Marcial Pons, 2014) tuvo como tema el gobierno de la mediana empresa, entendiendo que es la cuestión fundamental para posibilitar su ascenso al estatus de gran empresa. Por su parte, el presente se dedica a la microempresa, representada por el empresario individual, hoy vestido de emprendedor, que es un término más atractivo que el de autónomo, con el que se resume la relevancia que alcanza el factor trabajo en su configuración y estatuto jurídico.
Esta peculiar trilogía jurídica ligada al fenómeno de la pequeña y mediana empresa tiene su razón de ser en la gran recesión, cuyos efectos aún se dejan sentir en la economía española, no obstante el tiempo transcurrido. De entre todos los datos macroeconómicos que ha dejado esta depresión hay uno que es, incluso, más significativo que la brutal caída del PIB y es el que hace referencia al profundo desplome de la renta, debido fundamentalmente a la disminución de aquellas que son fruto del trabajo.
Esta circunstancia, trasladada al ámbito del Derecho de la empresa, obliga a una profunda reflexión sobre el hasta hace no mucho olvidado estatuto del empresario individual, que precisamente se sustenta de manera absolutamente esencial en el factor trabajo. Sin embargo, el interés por la figura se ha renovado con las medidas de reforma económica destinadas a hacer frente a la gran recesión, muy especialmente con la aprobación de cuatro recientes textos legales: la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial; y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
