GÓMEZ SÁNCHEZ, YOLANDA
Cuando el 12 de junio de 1985, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se abrió un horizonte nuevo para nuestro país y, cuando apenas seis meses después, el 1 de enero de 1986, aquél Acta de Adhesión entró en vigor, comenzó de manera efectiva una andadura política, social y económica de hondo calado que ha definido y transformado radicalmente el ordenamiento jurídico español. La actual Unión Europea, heredera de aquellas originarias Comunidades, es el ejemplo de supranacionalidad más completo que se conoce. Su entramado institucional y la creación de un ordenamiento jurídico propio, que se integra en el Derecho de producción interna de los Estados miembros, distinguen a esta organización supranacional de cualquier otra. Como consecuencia del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el que los ciudadanos del Reino Unido decidieron salir de la Unión y tras una larga negociación, el 31 de enero de 2020, a medianoche, hora central europea, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea por aplicación del Acuerdo de Retirada tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, hecho sin precedentes, pero que no ha socavado los sólidos cimientos en los que se ha construido una Unión que mantiene unidos a veintisiete estado y a otros varios en espera de integración.
La incorporación de la España democrática, articulada por la Constitución de 1978, en la hoy Unión Europea es un hecho jurídico que no puede ser obviado por el jurista y que le obliga a una interpretación específica de las relaciones entre ordenamientos. La teoría del sistema jurídico multinivel, que adopta este libro, permite analizar el ordenamiento complejo español en el que se integran y entrelazan normas producidas en diferentes niveles normativos.
La profunda crisis financiera y económica que comenzó en 2008, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la pandemia del COVID-19 que afectó, prácticamente sin excepción, a todos los países del Mundo, y la guerra injustificable de Rusia contra Ucrania han puesto de manifiesto, con mayor intensidad si cabe, la interdependencia de los ordenamientos jurídicos de producción interna de los diferentes Estados miembros y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de ellos con los ordenamientos del resto de los países mundiales. Consecuencia de lo primero fue la reforma del artículo 135 de la Constitución española incorporando la estabilidad presupuestaria y las obligaciones al respecto del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las nuevas relaciones económicas y sociales derivadas del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea fueron igualmente relevantes y lo seguirán siendo en el futuro. De otra parte, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 demostró la vulnerabilidad de las sociedades ante un fenómeno global que afectó a millones de personas en todo el Mundo y donde la acción de la Unión Europea fue especialmente relevante para los Estados miembros. Poco tiempo después de que, gracias a las vacunas que pudieron desarrollarse en tiempo record, la COVID pudiera ser controlada, Europa se enfrentó a las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania que se inició el 24 de febrero de 2022, una guerra en suelo europeo con un número elevadísimo de pérdida de vidas humanas y consecuencias desastrosas para Ucrania, pero también para la Europa que cree en progreso pacífico de los pueblos. Nunca como en las últimas décadas ha resultado tan necesaria la articulación coherente entre la Constitución española y el resto del ordenamiento democrático y el ordenamiento europeo en busca de unos objetivos comunes.
