REBOLLO DELGADO, LUCRECIO / ZAPATERO MARTÍN, PILAR
La entrada en vigor en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (679/2016) ha supuesto una amplia revisión de la normativa sobre la materia, y un avance muy sustantivo de la misma. Como lógica consecuencia de su entrada en vigor, ha sido necesario actualizar nuestra LOPD de 1999, tarea que se plasma en la vigente Ley Orgánica 3/2018. Esta norma recoge y eleva la protección de un conjunto de derechos a los que se bautiza con el nombre de digitales (artículos 79 a 97) y que su Preámbulo entiende que en 'una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales '. Con ser loable la pretensión del legislador, la propia ley la degrada, al no otorgar carácter orgánico a la mayoría de los artículos referidos. De esta forma se constata una necesidad social, pero también se aprecia las dificultades de su materialización jurídica, que impiden otorgarles a todos los derechos digitales el mayor rango de reconocimiento y
