GRANADOS RODRÍGUEZ, JUAN FERNANDO
La actual crisis económica ha puesto de manifiesto cómo la Directiva de Servicios, una norma que en principio no aporta nada absolutamente original, sin embargo, está sirviendo de acicate para revisar y repensar parte del Derecho Administrativo español depurando y filtrando el intervencionismo público a los ámbitos estrictamente necesarios y en la medida más conveniente. Aunque el grado de intervención de los poderes públicos en la economía y la forma de llevarlo a cabo ha sido, es y será una cuestión con un elevado margen de decisión política, debe haber un mínimo de coherencia, racionalidad y proporcionalidad en la labor de control de la Administración Pública sobre la sociedad. En este sentido, y sin renunciar a un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho en el que los poderes públicos asumen un papel principal en la conformación de la sociedad, lo cierto es que la Administración Pública debe adaptarse a la compleja realidad social y económica actual y, entre otras cosas, concentrar esfuerzos ante el obligado y razonable repliegue y reducción de medios y efectivos materiales a que está siendo sometida.
La Directiva de Servicios está sirviendo de excusa para iniciar el camino de la nueva Administración Pública; nos obliga a pensar dónde, de verdad, el interés público demanda una presencia fuerte de aquélla y dónde es más conveniente un papel secundario o indirecto aunque, eso sí, siempre formando parte de la película y con permanente habilitación para entrar en escena.
En la presente Obra, y sobre la base teórica que proporciona la Directiva de Servicios, el autor ?conocedor de la Administración Pública, a través de su carrera profesional como funcionario en varias Entidades Locales, y con real vocación docente, como Profesor Tutor de la UNED? plantea la necesidad de conciliar el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas con los nuevos títulos habilitantes para el ejercicio de actividades, es decir, la declaración responsable y la comunicación previa; sobre todo, para evitar que el urbanismo se utilice como excusa para mantener el control a priori de las actividades, que la Directiva de Servicios desplazó a un momento posterior al inicio de la actividad.
Si bien es cierto que el autor comienza a afrontar este tema ?en colaboración con quien escribe este prólogo? analizando la incidencia de la Directiva de Servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actividades sujetas a calificación ambiental, no obstante es con motivo de la realización ?dentro de sus estudios de Doctorado? del Máster Oficial Universitario en «Intervención de la Administración en la Sociedad» impartido por la UNED, cuando estudia la materia en su trabajo fin de Máster, y profundiza en las interrelaciones entre las licencias urbanísticas y los títulos habilitantes para el ejercicio de actividades a la luz de la Directiva de Servicios y la normativa urbanística andaluza. Merece destacar que un extracto de este trabajo fin de Máster reelaborado como artículo jurídico obtuvo una distinción en el Premio García Goyena 2011, publicado recientemente en la Revista Digital de la Facultad de Derecho de la UNED.
Esta Obra refleja con acierto el resultado final de todo el proceso de estudio e investigación iniciado hace tiempo por el autor. En ella, el autor, tras exponer con claridad y concisión las notas esenciales de la Directiva de Servicios, y explicar el régimen jurídico de las distintas licencias urbanísticas y de los títulos habilitantes para el ejercicio de actividades, con sustanciosas referencias a la jurisprudencia y doctrina al respecto, concluye (con aplicación a cualquier Comunidad Autónoma, a pesar de atender especialmente a la normativa andaluza) con una propuesta de integración procedimental entre urbanismo y actividades, con el fin de dar el mejor sentido práctico a la aplicación de la Directiva de Servicios, de agilizar al máximo el inicio y ejercicio de aquéllas (como motor de crecimiento en estos malos tiempos económicos) así como para evitar la extralimitación de las licencias urbanísticas como medio de control a priori de las actividades; todo ello actualizado con la regulación del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Es para mí una enorme satisfacción servir de pórtico a un magnífico trabajo y, sobre todo, realizado por un excelente jurista con una sólida e integral formación, conocedor de los ámbitos público y privado del Derecho y cuya trayectoria investigadora se confirma definitivamente con esta aportación. Desde el punto de vista personal, además, resulta emocionante redactar el prólogo al libro escrito por alguien con el que he compartido juegos de infancia y aventuras de juventud y con el que disfruto de una profunda y sincera amistad que espero dure muchos años.
ESTANISLAO ARANA GARCÍA
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Granada
