DANIEL VARONA GOMEZ
La deriva punitiva que viene caracterizando la evolución de nuestra legislación penal en las últimas décadas, y de la que es significativo exponente la reciente introducción de la "prisión permanente revisable", es a menudo justificada por el poder político de turno apelando a la "demanda o voluntad ciudadana". Sin embargo, más allá de genéricas apelaciones a la "voz ciudadana", que parecen así meras coartadas para imponer concepciones ideológicas predeterminadas, en nuestro país apenas se han realizado esfuerzos para hallar y (menos) comprender lo que demandan los ciudadanos de la justicia penal y el castigo. Por otra parte, realizar, como en el mejor de los casos se hace, una mera encuesta telefónica a ciudadanos desinformados sobre el preferencias punitivas, no nos lleva a conocer más que su "opinión desinformada", o mejor dicho, el primer "impulso" ciudadano sobre la cuestión.