VINCENC AGUADO I CUDOLA
Desde sus orígenes, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, ha provocado un intenso debate entre posiciones confrontadas, que no se ha limitado a los tres años de negociaciones que fueron necesarios para lograr su aprobación, sino que se ha proyectado durante el laborioso proceso de puesta en marcha de sus medidas por los Estados miembros de la Unión Europea. Muestra de la complejidad de este proceso es que ha provocando un frenesí de reformas legislativas, llegándose a hablar de más de 8.000 normas modificadas.
La Directiva de Servicios, tras su aprobación en un contexto de bonanza económica, debe aplicarse en una situación de crisis y recesión económica con todas las disfunciones que ello supone. En este marco, su transposición a nuestro ordenamiento jurídico ha resultado un proceso complejo, tanto por las distintas Administraciones implicadas como por su ámbito de aplicación. En cualquier caso, la Directiva de Servicios representa numerosos desafíos y obliga a un cambio cultural que comporta una profunda transformación de las relaciones entre las Administraciones públicas y los ciudadanos para facilitar el ejercicio de las libertades económicas. La necesaria racionalización de los controles e intervención administrativa debe ponderar también los diversos intereses públicos y privados en presencia, asegurando al mismo tiempo una adecuada cohesión social y territorial, que también es un objetivo de la propia Estrategia de Lisboa.
Esta obra consta de dos partes fundamentales. En la primera, se examina con carácter general el impacto de la Directiva en las Administraciones públicas, a través del examen del fundamento y significado de la Directiva, las medidas de intervención y simplificación administrativa, la Administración electrónica, los Colegios Profesionales y la Administración Local. En la segunda, se examina el impacto de la Directiva en diversos ámbitos como el comercio, el tráfico jurídico externo, el arrendamiento de vehículos con conductor, la contratación pública, el medio ambiente y el turismo.
En definitiva, esta crucial norma comunitaria no es un punto de llegada, sino que ha supuesto un punto de inflexión en el proceso de europeización del Derecho administrativo, abriendo nuevos escenarios y nuevas situaciones sobre las que habrá que estar pendiente en los próximos años. La implantación de un verdadero mercado interior de servicios, que sea próximo a las necesidades de las empresas y de los ciudadanos, es una responsabilidad compartida, cuyo éxito dependerá del compromiso de todas las instituciones y de todos los interesados involucrados.
