NARVAEZ TURCI, GONZALO
La robotización y digitalización del sistema productivo está generando un reordenamiento del mercado de trabajo que, a medio o largo plazo, puede implicar la sustitución de la fuerza de trabajo humana por robots dotados de inteligencia artificial, lo que exigirá que muchas personas trabajadoras tengan que reconvertirse y adaptarse a las nuevas profesiones o tareas emergentes. Los modelos de negocio surgidos al amparo de la digitalización de la economía, como los basados en el uso de plataformas digitales de trabajo, con sus pretensiones desreguladoras, han motivado la reacción de los Tribunales de Justicia en defensa de la laboralidad de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de las plataformas digitales de trabajo.
También a nivel legislativo se observa ya una incipiente ordenación jurídica tanto de esas plataformas digitales como del teletrabajo, máxima expresión del trabajo a distancia, sin limitaciones de tiempo y espacio. La sociedad se enfrenta a una serie de desafíos fruto de la robotización del proceso productivo a nivel legal sin precedentes, como en el caso de las responsabilidades jurídicas derivadas del uso de robots, el estatus legal de los mismos, las implicaciones económicas y psicosociales de la automatización de los procesos, y la necesidad de establecer nuevas fórmulas de distribución del tiempo de trabajo o de la gestión del ocio.
El nuevo paradigma tecnológico electrónico está afectando también a los derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras, con la introducción de nuevas formas de control empresarial que impactan sobre el derecho fundamental a la intimidad personal o contra el derecho humano a la salud, lo que ha exigido la implementación legal del derecho a la desconexión digital. Las repercusiones de la digitalización y robotización de la economía han llegado asimismo al ámbito de la Seguridad Social, donde vienen barajándose nuevas fórmulas de protección social que hagan frente a las incertidumbres del mercado de trabajo futuro, como la renta básica universal o el nuevo ingreso mínimo vital, así como nuevas técnicas de sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social, como la cotización social de los robots o la implantación de métodos de financiación alternativos.
