RICARDO ALONSO GARCIA
El presente estudio, realizado por el autor con motivo de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, aborda la encrucijada a la que puede verse arrastrado el juez nacional como consecuencia de la diversidad de estándares de protección garantizados por el catálogo interno de derechos fundamentales, el Convenio Europeo de Derecho Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
A dicha encrucijada de naturaleza sustancial, en la que se encontró el propio Tribunal Constitucional español en el contexto de su primera cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, habría que sumar otra, procedimental o formal, vinculada a las distintas vías incidentales de posible intervención, en el marco de un mismo proceso, de los respectivos intérpretes supremos de dichos catálogos (i.e., cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y, tras la firma en octubre de 2013 del Protocolo no. 16 del Convenio, opinión convencional consultiva), que exige una metódica y diligente salida, habida cuenta de que condiciona, en gran medida, el mayor o menor grado de dificultad en la elección, por el juez ordinario, del estándar de protección finalmente aplicable al litigio.
En el Capítulo VII se trata el Título II de la Ley relativo al Buen Gobierno, con examen del régimen sancionador que introduce la Ley. Por último, la obra se cierra con un Epílogo dedicado al papel de las Comunidades Autónomas tras la Ley estatal.
