IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LOS AYUNTAMIENTOS

La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LT) se aplica a la administración local, incluyendo sus entes dependientes de todo tipo (entes públicos y privados de capital público, empresas concesionarias e incluso otras entidades subvencionadas).

Los Ayuntamientos deben como mínimo comenzar en este momento a activar los mecanismos para hacer efectivas las obligaciones directas (publicidad activa) e indirectas (derecho de acceso a la información) que derivan de la citada ley. Bien es cierto que el debido cumplimiento de las normas preexistentes, las "administrativas", como la Ley 30/92 o el Texto refundido de la ley de contratos, y las de administración electrónica, va a facilitar una natural ejecución de la LT.

En este Manual, "Implantación práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos", nos centramos en el impacto de la LT en la administración municipal, con referencia también a la provincial en su rol de desarrollador de las competencias locales en esta materia.

Una obra eminentemente práctica en la que a lo largo de ella se analizan cuestiones tales como:
- el concepto de la transparencia, el cual ni es nuevo ni es único, sino que más bien va en un pack llamado Gobierno abierto, junto con la participación y la colaboración;
- análisis exhaustivo y práctico de la LT;
- aspectos jurídicos y organizativos de la Ordenanza de transparencia, que supone adecuación de la norma a la administración local;
- los "deberes" jurídicos y organizativos inherentes a la aplicación de la Ley.
- el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, sobre el que existe un debate doctrinal, totalmente abierto, sobre si se trata de un derecho fundamental, en sus dos vertientes principales: el control democrático y la utilidad socioeconómica de los datos e informaciones;
- los conceptos clave comunes y transversales en la legislación sobre transparencia y administración electrónica, haciendo especial hincapié en el importante principio de interoperabilidad, que es absolutamente esencial en ambas leyes (LT y LAESP);
- la seguridad en los sistemas y en los datos. LT, LOPD y ENS;
- el rol de las Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos y CCAA uniprovinciales en relación a la implantación de la LT en los Ayuntamientos;
- la gestión de la información, la participación telemática, y la imagen reputacional de la entidad.