OLLÉ SESÉ, MANUEL
Introducción
El principio de legalidad extradicional pasivo español. Fuentes directas e indirectas
El necesario enfoque de derechos humanos en el procedimiento extraordinario
Sistema Universal de Derechos Humanos
Sistemas regionales europeos
Interpol: notificación roja. Principio de respetos a los Derechos Humanos. Principio de neutralidad
La detención policial extradicional y el derecho a la libertad
La expansiva prisión extradicional
La fase gubernativa del procedimiento extradiconal
Vulneración indirecta de Derechos Fundamentales
El principio del deber de seguimiento. Condiciones y garantías de la entrega
La defensa del extradendus ante el Tribunal Constitucional. Incidente de nulidad y recursos contencioso administrativo. Disfunciones
Recapitulación. Sistema multinivel de protección e los derechos humanos en los procedimientos extraditorios. Bloque de convencionalidad
Anexos
Impedir la impunidad del extradendus que trata de sortear la acción de la justicia es una obligación de los Estados. Pero no todo vale. La intervención de jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y Gobierno en un procedimiento de extradición pasiva, tiene que realizarse desde un enfoque de derechos humanos fundamentales.
Es necesario reflexionar sobre el principio de legalidad extradicional y el sistema de fuentes, el papel de Interpol, los límites de la detención y prisión extrajudicial pasiva y el rol que le corresponde a la Administración en la fase gubernativa del procedimiento. Desde una proyección externa, los actores judiciales y gubernativos españoles están obligados a proteger al extradundus cuando sus derechos humanos fundamentales -a la vida, a la integridad física y salud, a la libertad o al juicio justo- corren peligro si es entregado al Estado requirente, o cuando la demanda extradicional desprende arromas fraudulentos o desviados.
En nuestro sistema jurídico, los primeros llamados a velar por ese enfoque de derechos humanos son los órganos judiciales. Pero la defensa del extradundus no se agota en la jurisdicción interna. El reclamado puede internacionalizar su defensa ante actores supranacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En último extremo, si se produce la entrega extradicional, los poderes públicos españoles están sujetos al deber de seguimiento. Son garantes de que los derechos fundamentales del extradicto se respeten en el Estado requirente.
