ESCUIN PALOP, VICENTE / BELANDO GARÍN, BEATRIZ
El estudio de los recursos administrativos no ha merecido el interés que presenta su enorme
potencialidad jurídica al ser un instrumento que permite a la Administración la anulación o reforma de
actos, en principio, inmodificables.
En nuestro Derecho el recurso administrativo cumple una triple función: la de garantía de los
administrados; la de instrumento de fiscalización interna de la Administración y la de medio de
administrativización de relaciones jurídicas entre particulares.
Como garantía, con frecuencia, es la única a disposición de los ciudadanos ya que su alternativa, la
Jurisdicción contenciosa, presenta graves inconvenientes que la transforman en un mecanismo que no
cubre la totalidad de las actuaciones administrativas.
Desde otra perspectiva, los recursos son un instrumento de control jerárquico, función que se ha
mantenido en nuestro ordenamiento, sin interrupción y prácticamente sin cuestionamiento, hasta el
momento presente, como demuestra su pervivencia en la Ley 30/1992, pese a efímeros cambios de
denominación.
Como novedad el libro dedica una especial atención los recursos administrativos como medio de
administrativización de relaciones jurídicas entre particulares. Nuestro ordenamiento jurídico ha
reconocido, tradicionalmente, la fiscalización por la Jurisdicción contencioso-administrativa de actos de
los particulares que tienen atribuidos el ejercicio privado de funciones públicas. El modo de transformar
una actuación inter privatos en pública ha sido y sigue siendo la interposición de un recurso
administrativo ante la autoridad de quien depende el servicio o actividad de interés general realizado
por un particular.
A las modalidades tradicionales de ejercicio privado de funciones públicas (concesionarios y
contratistas) se han añadido, en la actualidad, la realización por los particulares de las denominadas
actividades liberalizadas , que con anterioridad eran consideradas como servicios públicos. Dichos
servicios de interés general se reconducen al ámbito administrativo y a su Jurisdicción a través de
mecanismos que, pese a la pluralidad de denominaciones y a las notables especialidades, que
presentan, constituyen recursos administrativos especiales, resueltos por las denominadas
Administraciones reguladoras.
También, se ha atendido, con especial cuidado, las sucesivas novedades introducidas en los recursos
relativos a la contratación administrativa, materia que tiende a ampliarse a relaciones en las que no
intervienen entidades públicas.
Todos estos aspectos han sido analizados a través de un profundo análisis de la doctrina y de la
jurisprudencia recaída sobre la materia, que permite el conocimiento de numerosos e importantes
aspectos de la institución, que con anterioridad no habían sido abordados
