FRANCIS LEFEBVRE
El presente libro analiza la reforma operada en nuestro Derecho Administrativo por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los autores, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado, han aprovechado su variada experiencia en la aplicación del Derecho en las muy diversas áreas de actuación de la Administración, para ofrecer un estudio pormenorizado de la reforma, con especial énfasis en sus aspectos prácticos.
Siguiendo la estructura de ambos cuerpos legales, la presente obra los confronta con la regulación vigente en el momento inmediatamente anterior a su aprobación, atendiendo en especial al contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a la Jurisprudencia formada en las últimas décadas en relación a las instituciones por ellas reguladas y a las concordancias y sinergias con otros cuerpos legales que siguen en vigor tras la reforma.
Asimismo se examinan los antecedentes históricos y legislativos y, particularmente el proceso de elaboración de ambas Leyes, examinando entre otros el informe CORA y las propuestas efectuadas para la mejora del Sector Público, poniendo de relieve en qué medida tales recomendaciones se han trasladado a las nuevas Leyes 39 y 40 del 2015.
Todo ello sin dejar de reflexionar sobre los problemas concretos a los que el legislador ha querido dar respuesta con la nueva regulación y analizar las dificultades que puede plantear la inminente aplicación de ambas Leyes, ofreciéndose eventuales soluciones.
En suma, se pone a disposición de todos los operadores jurídicos y estudiosos del Derecho un texto donde se recoge por una parte, un estudio completo de los cambios en el derecho administrativo que se producen tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40 del 2015 y por otra, una herramienta que sirve para dar respuesta a los problemas que pueda plantear su interpretación y aplicación.
