BELLIDO PENADES, RAFAEL
El fomento de los métodos alternativos de resolución de
conflictos viene siendo un objetivo del Derecho de la Unión
Europea, que se ha ido potenciando progresivamente en las
últimas dos décadas, especialmente en sede de protección de
los derechos de los consumidores y usuarios.
En Derecho privado español se han intentado secundar estos
objetivos desde un planteamiento que ha evolucionado
significativamente. En el planteamiento inicial, al que responden
tanto la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje,
como la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, se fomenta el uso de los medios extrajudiciales
de solución de conflictos en Derecho privado desde
los principios de libertad y de libre autonomía de la voluntad
y, en consecuencia, desde el carácter voluntario de la
utilización de medios de solución de conflictos alternativos a
la jurisdicción.
Sin embargo, ante la escasa implantación que tuvo la
mediación en la práctica jurídica tras estas iniciativas legislativas,
las últimas propuestas realizadas por el pre-legislador
español de fomento de los métodos alternativos de
resolución de conflictos mudan su carácter o naturaleza para
configurarlos con carácter obligatorio, como sucede en el
actual Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del
servicio público de justicia de 2022.
Por esta vía, desde una perspectiva de legalidad ordinaria, se
introduce en el proceso civil un requisito de procedibilidad
previo a la presentación de la demanda y, desde una perspectiva
constitucional, se incorpora una restricción en el acceso a
la jurisdicción, que afecta al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24. 1 CE y en el art. 47
CDFUE y que puede resultar compatible con él, siempre que se
respeten ciertos límites, que ha ido desgranando la reciente
jurisprudencia del TC y del TJUE y que se analizan en esta obra
