PROCESO PENAL COMPARADO

Las dificultades de la traducción jurídica son harto conocidas. Para el traductor jurista, del que se presume una buena comprensión de la materia tratada y un conocimiento de los procesos y figuras descritos en un texto, así como de la terminología empleada, la dificultad consiste en encontrar la buena equivalencia en la lengua ad quem y, si la coincidencia conceptual es imperfecta o inexistente, en sugerir una que sea inteligible para el lector. No es poca tarea, pero peor lo tiene el traductor no jurista, que debe navegar por aguas que no conoce bien, llenas de escollos, sin más ayuda que un diccionario que, en el mejor de los casos, sólo le ofrece vocablos desnudos, sin concepto ni contexto, de manera que la elección entre uno u otro suele ser difícil y, por ello, de resultado incierto.
La experiencia del autor en los Servicios Lingüísticos de las Naciones Unidas en Ginebra con textos jurídicos de toda índole, pero especialmente con los destinados a los mil y un órganos que forman la constelación de los Derechos Humanos, le indujo a pensar en la utilidad que podría presentar para el traductor no jurista adquirir un conocimiento siquiera somero de las materias que debe manejar cada día y, casi siempre, en un ambiente de agobio y premura. Compartida esa creencia por los responsables de dichos Servicios, el autor aceptó dar unos cursos sobre proceso penal comparado, materia casi siempre presente en los textos sobre derechos humanos. El interés mostrado por los asistentes y los resultados observados han compensado largamente el esfuerzo dedicado a la preparación de dichos cursos y confortado el pensamiento inicial del autor sobre la utilidad de la enseñanza impartida.
La obra que presentamos es, pues, a la vez, reflejo y fruto de los referidos cursos. Consta de dos partes bien diferenciadas: la primera está constituída por una exposición de la secuencia de actuaciones, momentos o trámites que configuran el proceso penal en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, precedida por la presentación de una serie de conceptos básicos y de los actores que intervienen en el proceso penal. La terminología empleada es la que aparece en la legislación y en la literatura especializada, pero se procura siempre definir los términos técnicos, de manera que sean claros para el lector no jurista. Cuando los actos o los momentos procesales no tienen equivalencia clara en el sistema español, o la tienen sólo aproximada, hemos procurado proponer una que sea a la vez concisa, precisa e inteligible; no es flaco servicio ofrecer al traductor -que casi siempre trabaja contra reloj- una solución a priori aceptable. Sin duda, en estos casos, la equivalencia es subjetiva, discutible y mejorable; por ello, pensamos que la cortesía con el lector jurista, a fortiori si está versado en idiomas, exige que, tras la equivalencia sugerida, se incluya entre paréntesis el término o la expresión en la lengua original, como se recomienda concretamente con el nombre de los órganos jurisdiccionales.
La segunda parte está formada por los glosarios inglés-español y francés-español. Por desgracia, pese a la aparente lógica, no es posible ofrecer un glosario trilingüe. Para ello se requerirían unos conocimientos -y desde luego una audacia- de los que carece el autor. Los glosarios están basados a la vez en la legislación, en la literatura especializada y en los documentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Los jueces exclusivos de su utilidad serán quienes acudan a ellos, tratando de encontrar -esperamos que con éxito- solución a su problema de traducción o a su consulta.
Para terminar, el autor desea dejar constancia de su gratitud a Elvira Asensi Monzó, Terminóloga (español) de los Servicios Lingüísticos de las Naciones Unidas en Ginebra, sin cuya ayuda, paciencia y entusiasmo esta obra dificilmente habría visto la luz.