FERNÁNDEZ RAMOS, SEVERIANO / JOSÉ MARÍA PÉREZ MONGUIÓ
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es considerada desde las propias instancias gubernamentales como la ley más importante de la actual legislatura, y ciertamente lo es pues comporta el cambio más significativo para las Administraciones públicas españolas desde la incorporación al inicio de la etapa constitucional de los Gobiernos democráticos a la dirección de las Administraciones.
En efecto, esta ley supone ni más ni menos que la quiebra de una tradición secular de opacidad en la gestión de los asuntos públicos, que constituía un serio déficit de la democracia española, con consecuencias en todos los órdenes, incluido el fenómeno de la corrupción, que tanto inquieta a la sociedad española. Se trata, por tanto, de una Ley vinculada a la calidad democrática, llamada a cumplir un papel central en del Derecho Público español, tal como ha sucedido en el resto de los países que cuentan con una norma similar.
En esta obra se ofrece un estudio completo de la Ley, ajustando, además, su sistemática, para mayor claridad expositiva, a la propia estructura de la ley, sin que ello suponga un estudio de glosa de los artículos de la norma. Asimismo, se han tenido presente las Leyes autonómicas ya aprobadas sobre esta materia (Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto, y Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura).
En el Capítulo I se enmarca la Ley en el panorama internacional, con especial atención al Convenio núm. 205 sobre acceso a los documentos públicos, adoptado el 27 de noviembre de 2008 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, así como también se abordan los aspectos generales de Ley y, en particular, su dilatado proceso de elaboración y su posición frente a las inevitables ordenaciones sectoriales.
En el Capítulo II se trata el ámbito subjetivo de la Ley, en el que destaca la incorporación, además de las entidades y órganos del sector público (incluida la Cara Real), de sujetos privados que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, así como, a determinados efectos, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y otras entidades privadas perceptoras de fondos públicos. En el Capítulo III se examinan los deberes legales de Publicidad Activa que establece la Ley para los sujetos obligados y que habrán de divulgar sin esperar una solicitud concreta de los ciudadanos (datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística).
Los Capítulos IV y V se dedican al estudio de la ordenación del derecho de acceso a la información pública, de sus elementos, límites y del procedimiento para su ejercicio, y que constituyen la parte nuclear de la obra. Por su parte, el Capítulo VI trata las garantías del sistema de transparencia y buen gobierno, con especial atención al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
