BERMEJO VERA, JOSÉ
Actualmente, la contratación del Sector público alcanza el 16% del Producto Interior Bruto del Estado español. Además, las obras, servicios y suministros más importantes son encargados y adquiridos por las Administraciones públicas. Lo anterior no hace sino poner de manifiesto la importancia de la contratación pública tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público ha inaugurado un nuevo escenario para la contratación pública merced a las novedades que incorpora al ordenamiento jurídico-administrativo: la aparición de un nuevo contrato administrativo típico, el de colaboración entre el sector público y el sector privado, de nuevas categorías de contratos de las que se hace depender su régimen jurídico, los contratos sujetos a regulación armonizada, un nuevo procedimiento, el diálogo competitivo, un nuevo sistema de garantías que se materializa en la previsión de un recurso especial en materia de contratación y un cambio en el reparto de la competencia jurisdiccional sobre la materia, la regulación de las subastas electrónicas y los procedimientos de adjudicación electrónicos, o las nuevas cuantías que permiten la utilización del contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad son algunas de esas novedades, acompañadas de una revisión del ámbito de aplicación subjetivo, y todo ello organizado en torno a una nueva estructura de la norma, no siendo fácil el acercamiento a la misma.
En este escenario tan importante y tan complejo, nada más conveniente que conocer la fuente, la esencia de cada uno de los conceptos e instituciones que integran la contratación pública, para poder y saber moverse en cualquier procedimiento de adjudicación. Conociendo los aspectos básicos de cada concepto, que obviamente deben completarse con la letra de la norma vigente en cada momento, puede tenerse la garantía de no naufragar en el proceloso mundo de los contratos públicos. Y esta idea, la de alcanzar el contenido básico de cada concepto, que es el que sirve para comprenderlo, es la que ha presidido la elaboración de todos y cada uno de los conceptos que integran el Diccionario. La idea era que el Diccionario de contratación pública no estuviese dirigido a un determinado operador jurídico en particular, sino que todo interesado en la materia (abogados, jueces, gestores, estudiantes, etc
) pueda alcanzar a comprender cualquier concepto de los que entran en juego en una licitación pública.
En definitiva, se trata de una obra en la que han participado grandes profesionales de la contratación pública que han sabido enjugar entre los aspectos teóricos y prácticos multitud de referencias a pronunciamientos jurisprudenciales y de los órganos consultivos en la materia, todo ello con el ánimo de contribuir a una mejor comprensión de los términos y conceptos que entran en juego en la contratación pública. En definitiva, un libro de cabecera para quienes se mueven entre contratos públicos.
