MARÍA ISABEL GONZÁLEZ CANO
La Directiva 2014/42/UE, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, es una de las más recientes iniciativas en orden a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, que centra sus esfuerzos en la neutralización de las ganancias derivadas del delito. Para ello, se incide especialmente en el desarrollo de modalidades de decomiso, ya previstas con anterioridad en los instrumentos normativos europeos incorporados al Derecho español, como el decomiso sin condena o decomiso autónomo, el decomiso ampliado a bienes o ganancias de procedencia ilícita que no derivan directamente del delito enjuiciado, y el decomiso de bienes o efectos en poder de terceros. La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, así como la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen la transposición al ordenamiento español de estas últimas estrategias ideadas en materia de decomiso autónomo, ampliado y de bienes de terceros. La presente obra trata de analizar la evolución del decomiso como línea de política criminal en la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza en la Unión Europea, así como la transposición al Derecho procesal penal español de los principales instrumentos de la cooperación judicial en la materia, y los problemas que estas modalidades decomisatorias pueden plantear, básicamente desde el punto de vista de la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Igualmente, intentamos profundizar en el sistema de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en lo referente a la emisión o, en su caso, el reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas, de resoluciones de decomiso.
