EL NUEVO PROCESO PENAL TRAS LA REFORMA DE 2015

La ley procesal penal, en la medida en que regula el difícil equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y las garantías de los investigados, no es ni puede ser una ley ideológicamente neutra. Esta fuerte carga ideológica, producto del debate entre los partidarios de potenciar la seguridad y los defensores de alzaprimar las libertades individuales, dificulta el necesario consenso en la regulación de una materia tan delicada. Se ha dicho, con razón, que la ley procesal penal es en cierta medida el termómetro de la aplicación práctica del grado de democracia de un país.

Durante los últimos años, el debate político en España no se ha caracterizado precisamente por la obtención de grandes consensos en los temas claves del país. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido una excepción. Hasta la fecha se han elaborado ya diversas propuestas para sustituir nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, por un nuevo Código Procesal Penal acorde con las necesidades procesales derivadas de los tiempos actuales y las consecuentes nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, ninguna de dichas propuestas ha conseguido alcanzar el consenso necesario para ver la luz.

Así las cosas, desde hace ya algunos años los sucesivos legisladores han optado por la técnica del parcheo legislativo y las principales reformas legislativas no han ocultado el sesgo del grupo o color político dominante en cada momento. Esta incapacidad de nuestros políticos de poder consensuar los grandes temas que afectan a nuestra sociedad se ha traducido en un sinfín de numerosas reformas parciales de la más que centenaria LECrim.

Esta vorágine ha alcanzado su clímax en el pasado año 2015, durante el cual el legislador español modificó hasta en siete ocasiones nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta suerte, aún cuando técnicamente no podamos hablar de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sí podemos hablar de un nuevo proceso penal, pues las reformas han sido tantas, tan variadas y tan dispares que el nuevo proceso penal resultante ya no es el que regía antes de la vorágine legislativa.

El presente volumen recoge diversos trabajos elaborados por los más acreditados especialistas en cada materia analizando con visión crítica las reformas operadas en las principales instituciones del proceso penal español. No pretende pues ser una exposición sistemática de la nueva legislación sino ofrecer a los distintos operadores jurídicos las claves para proceder a una útil lectura constitucional necesaria para la correcta interpretación y aplicación de la nueva legislación.


ÍNDICE

Presentación

- El nuevo proceso penal: valoración crítica de las reformas procesales de 2015

- Legisladores, Jueces y renovación del proceso penal en España (1978-2015)

- Plazos máximos para la instrucción penal

- Problemática del límite máximo de duración de la instrucción en la ley 41/2015

- Algunas cuestiones de léxico y garantías en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal por la ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre (de la estigmatización por el nomen iuris a la tribialización del titulus attributionis)

- La (in)definición del sujeto pasivo del proceso: las nuevas categorías de "investigado" y "encausado"

- La reforma de la denominación y derechos del imputado en la LO 13/2015, de 5 Octubre

- El derecho de defensa en la detención y prisión incomunicada tras la reforma de la LO 13/2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

- El nuevo régimen de recursos en el proceso penal

- Protección y reparación de la víctima tras las reformas procesales penales de 2015

- Consideraciones sobre la participación de la víctima del delito en el proceso penal

- La legitimación de la víctima en el proceso penal tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de 2015

- La remisión por la policía judicial a los juzgados y al ministerio fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido

- La intervención de las comunicaciones tecnológicas tras la reforma de 2015

- La denuncia de la prueba ilícita en el proceso penal

- La posibilidad de utilizar el resultado de una intervención telefónica en otro proceso penal

- El proceso por aceptación de decreto

- El proceso por aceptación de decreto: penumbras y sombras de una nueva alternativa para la conformidad penal

- Novedades relativas a la revisión de la sentencia firme tras la reforma, por la ley 41/2015, del art. 954 LECRIM

- El procedimiento de decomiso autónomo

- Una pincelada sobre el procedimiento de decomiso autónomo

- La prueba del decomiso: el artículo 127 del código penal o del mal saber y redactar leyes

- ¿Es inconstitucional el nuevo juicio de delitos leves?