EL VETO PRESUPUESTARIO

PRÓLOGO 13
INTRODUCCIÓN 19
Capítulo Primero
EL RÉGIMEN JURÍDICO-POSITIVO DEL VETO PRESUPUESTARIO
1. El artículo 134.6 de la Constitución: génesis y resultado 27
2. El desarrollo normativo del veto presupuestario en los reglamentos del Congreso y del Senado 32
2.1. Regulación positiva 32
2.2. La autolimitación de las Cámaras en la aplicación del veto a las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos 35
2.2.1. Parlamentarismo clásico versus racionalizado 40
2.2.2. El ius in officium de los parlamentarios 60
2.2.3. Las enmiendas compensatorias como técnica alternativa… ¿o complementaria al veto presupuestario? 69
2.3. El procedimiento para el ejercicio del veto y las vías de impugnación 79
3. El veto presupuestario en la normativa autonómica 89
3.1. Andalucía 92
3.2. Aragón 94
3.3. Asturias 95
3.4. Baleares 97
3.5. Canarias 98
3.6. Cantabria 99
3.7. Castilla-La Mancha 101
3.8. Castilla y León 102
3.9. Cataluña 103
3.10. Comunidad Valenciana 105
3.11. Extremadura 106
3.12. Galicia 108
3.13. La Rioja 109
3.14. Madrid 110
3.15. Murcia 112
3.16. Navarra 114
3.17. País Vasco 116
3.18. A modo de recapitulación 118
4. El veto presupuestario en el ámbito local 126
Capítulo Segundo
LOS ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL VETO PRESUPUESTARIO
1. Veto presupuestario y litigiosidad 137
2. Los precedentes de 2006 139
2.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional 223/2006, de 6 de julio 139
2.2. La Sentencia del Tribunal Constitucional 242/2006, de 24 de julio 145
3. Los pronunciamientos a partir de 2018 150
3.1. Los conflictos de atribuciones entre el Gobierno y la Mesa 150
3.1.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional 34/2018, de 12 de abril 150
3.1.2. La Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2018, de 26 de abril 162
3.2. Los recursos de amparo por infracción del ius in officium del artículo 23 de la Constitución 170
3.2.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional 94/2018, de 17 de septiembre 170
3.2.2. La Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2018, de 17 de diciembre 182
3.2.3. La Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2019, de 11 de febrero 187
3.2.4. La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2021, de 15 de marzo 193
3.2.5. La Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2023, de 23 de octubre 198
3.2.6. La Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2023, de 22 de noviembre 204
Capítulo Tercero
EL ALCANCE ACTUAL DEL VETO PRESUPUESTARIO A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1. ¿Una concepción del veto acorde con su espíritu y finalidad? 215
2. El ámbito material y temporal: el aumento de créditos o la disminución de ingresos del presupuesto en curso 222
2.1. ¿La inaplicación del veto a las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos? 225
2.2. El carácter no prospectivo del veto: ¿anualidad versus estabilidad presupuestaria? 236
3. Aspectos formales y procedimentales del veto: la motivación gubernamental y el control de la Mesa 250
3.1. La justificación por el Gobierno de la incidencia presupuestaria 250
3.2. El control del veto por la Mesa: sus funciones de calificación y el ius in officium de los parlamentarios 259
4. El veto autonómico tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 269

Breve epílogo 281
Bibliografía 287

La presente monografía tiene como objeto el análisis de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el veto presupuestario. A tales efectos, se parte del estudio del régimen jurídico-positivo de esta facultad gubernamental para, posteriormente, examinar de forma crítica cómo la jurisprudencia constitucional ha acabado configurando su alcance material, temporal y formal. Todo ello con la finalidad de determinar cuál es, en la actualidad, el ámbito de aplicación del artículo 134.6 de la Carta Magna.
Así, se constata cómo el Tribunal Constitucional ha endurecido los requisitos para el ejercicio gubernamental del veto presupuestario, a la vez que se refuerza su control por parte de la Mesa, en aras de evitar abusos en la aplicación de esta figura que cercenen el ius in officium de los parlamentarios. En este sentido, se exige que el Ejecutivo justifique la incidencia real y efectiva en el presupuesto en vigor de la enmienda o proposición que se pretenda vetar, pudiendo la Mesa fiscalizar dicha motivación desde una óptica tanto formal como material.
Finalmente, se reflexiona acerca de la adecuación de esta concepción restrictiva del veto a su función de garantía de la ejecución gubernamental del presupuesto y, por ende, de la acción política subyacente al mismo. Además, entre otras cuestiones se plantea también si, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que imponen una conexión directa entre el veto y el presupuesto en curso, aquél sigue teniendo cabida todavía en el seno del propio procedimiento legislativo presupuestario.