FRANCIS LEFEBVRE
La publicación de la Ley por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el pasado 26 de Mayo de 2023, ha supuesto la introducción de muchas modificaciones en este ámbito, esencialmente en el régimen vigente de viviendas protegidas, la regulación de los arrendamientos y la tramitación de los procedimientos de desahucio, la ejecución forzosa de viviendas y recuperación de la posesión de las mismas en caso de ocupación y en lo que respecta a las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de viviendas.
Si bien no con el carácter de fundamental, el derecho a la vivienda aparece recogido en la
Constitución como uno de los principios que han de regir la política social y económica del Estado, que viene obligado a procurar su efectividad (Const art.47).Además, el acceso a la vivienda, por su incidencia en la calidad de vida de las personas, condiciona la posibilidad de disfrutar otros derechos constitucionales, incluso fundamentales, como la protección de la salud, de la integridad física y moral o de la intimidad personal y familiar entre otros.
Por otro lado, tanto desde el ámbito internacional como en la Unión Europea, se traslada a los
Estados miembros la necesidad de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido
ejecutado como un derecho humano fundamental y se garantice la igualdad de acceso a una
vivienda digna.
Todas las comunidades autónomas han asumido en sus respectivos estatutos de autonomía la
competencia plena en vivienda (Const art.148.3), lo que les permite desarrollar sus propias políticas en esta materia con el necesario soporte jurídico.
Asimismo, los municipios tienen atribuida como competencia propia la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera (LBRL art.25.2).
Por su parte, hasta el momento, la intervención del Estado había consistido, básicamente, en la asignación de fondos públicos a través de ayudas y la aprobación sistemática de los distintos planes estatales de vivienda basados, hasta el Plan 2009-2012, en el fomento de la construcción de viviendas y la propiedad como forma esencial de acceso a las mismas y en la rehabilitación y el alquiler a partir de este.
Pese a la habilitación que le otorga la Constitución, a través de diversos títulos competenciales, avalados, asimismo, por la jurisprudencia constitucional, hasta ahora no habíamos contado con una política legislativa que fijase las normas básicas para garantizar el tratamiento uniforme del derecho a la vivienda en todo el territorio.
Con esta obra, fundamentalmente divulgativa, tratamos de facilitar al lector un conocimiento del alcance de la ley desde la perspectiva particular de cada una de las disciplinas jurídicas en las que tiene incidencia.
Se presta especial atención a las modificaciones introducidas en el ámbito del arrendamiento de viviendas y los procedimientos de desahucio, y se da una visión general de la situación en la que se encuentra el derecho de información de los adquirentes o usuarios de viviendas a resultas del marco básico configurado en la ley de la vivienda.
