CUATRECASAS / EY ABOGADOS / PWC TAX & LEGAL
En el ya largo periplo de actividad de la Fundación Impuestos y Competitividad, se aborda, por primera vez , el análisis de la Imposición Municipal.
En este proyecto, si bien no se ha pretendido realizar un análisis sistemático y completo de la Imposición Municipal, se intenta llamar la atención sobre aquellos aspectos críticos de la misma. Siempre desde
el prisma de los principios rectores de la labor de investigación promovida por la Fundación Impuestos y Competitividad. Del análisis realizado se ponen de manifiesto graves problemas de inseguridad jurídica
, costes de gestión, litigiosidad, ausencia de criterios homogéneos en la aplicación de la norma. Todas estas fallas del sistema han abierto, y siguen abriendo, problemas de constitucionalidad, de adecuación al
derecho comunitario, de ineficiencia en la gestión de recursos públicos e incluso, por qué no decirlo, de mala imagen para contribuyentes e inversores extranjeros. En la raíz de toda la problemática subyacen
distintos problemas esenciales:
a) el conflicto entre el principio de autonomía tributaria y financiera de las EELL, frente a los principios de seguridad jurídica, igualdad y eficiencia en el funcionamiento de la Administración;
b) la idoneidad de los distintos criterios de medida de la capacidad económica en cada impuesto;
c) la obsolescencia de muchas de las normas respecto a la evolución y contexto económico actual de la sociedad;
d) la dificultad de llegar a acuerdos políticos para el desarrollo normativo (pues a la dificultad habitual de llegar a acuerdos entre partidos de distinto signo, se suma la dificultad de llegar a acuerdos
entre los distintos niveles de la Administración, que a su vez pueden ser también de distinto signo político) y, por último,
e) las distintas capacidades e intereses dentro de los propios EELL, donde nada tiene que ver la situación de los grandes municipios con la de los de menor tamaño.
Cabe señalar en resumen que, dentro de nuestro sistema fiscal, no existe ninguna otra materia que aglutine más litigiosidad y complejidad que la fiscalidad local, y que suscite mayor consenso sobre la necesidad de
una revisión profunda y sosegada queracionalice -y simplifique- sus múltiples problemas; resulta inaplazable abordar definitivamente esta revisión en beneficio de la seguridad jurídica y equilibrio económico de las
propias Administraciones Públicas y de los contribuyentes, lo que sin duda redundará en la mejora de la competitividad de nuestra economía.
