CUEVAS GALLEGOS, JOSÉ
En la actual configuración, el desdoblamiento de la sociedad contemporánea entre empresas instaladas en el centro del sistema, con peso específico en el mercado, y empresas comparativamente menos estables desplazadas hacia la periferia, se ha ido acortando sensiblemente al abrirse paso el «Sector de Economía Social», operante en sentido de igualdad con el Sector Público y con el Sector Privado, que paulatinamente va nivelando las profundas diferencias económicas, de reconocimiento social, calidad de trabajo y de vida, seguridad social, innovación tecnológica, formación profesional, prevención de riesgos, sistemas de protección, etc., que permite que parte del sistema presente síntomas evidentes de separación en su tradicional ligazón a gran parte de las injusticias sociales de nuestro tiempo.
Por ello abordo este trabajo contemplando a la Economía Social como Sector y a la cooperativa de trabajo asociado (CTA) como empresa del Sector Economía Social, todo ello como parte integrante de la rama del Ordenamiento a la que se viene denominando Derecho del Empleo.
El Sector Economía Social está justificado, entre otras razones, por la necesidad de definir un espacio más amplio en donde tenga cabida el conjunto de organizaciones que, bien por su misión, bien por su forma de organización, representan un hecho diferencial de aquellas otras comprendidas en el Sector Público o en el Sector Privado pero que a su vez, en el marco creciente de globalización, estimulan el interés como espacio de bienestar y generación de empleo que se visionan normalmente en una función reguladora del mercado de trabajo pudiendo intuirse que lo definitivo de esta función sea que, a menudo, los poderes públicos buscan en el Sector Economía Social un apoyo institucional básico para combatir los problemas de empleo, más aún, muchos de los operadores en el marco de la Economía Social han respondido al llamamiento de los órganos políticos para tomar parte activa en las políticas de empleo y, todavía más, los artículos 23 y 25 de la Ley de Empleo determinan que las políticas de empleo se orientarán y se ordenarán mediante actuaciones que persigan, entre otros, fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
