CEDEÑO HERNÁN, MARINA
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva ofi cina judicial, llevó a cabo una transformación integral de los procesos de exacción de derechos económicos de procuradores y abogados, regulados en los artículos 34 y 35 de la LEC. Muchas de las funciones que hasta entonces se encomendaban a los jueces y magistrados pasaron a manos del letrado de la Administración de Justicia. Esta nueva confi guración de los conocidos como procesos de "cuenta y minuta jurada" ha planteado serias dudas de compatibilidad con la Constitución Española. En este sentido, la STC 34/2019, de 14 de marzo, ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas en lo que se refi ere a la exclusión de recurso frente al decreto que resuelve sobre la oposición del deudor. No menos relevante es la jurisprudencia del TJUE sobre la protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas. Como consecuencia de las múltiples cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, el TJUE, en su condición de valedor del principio de primacía del Derecho de la Unión, ha venido apreciando ciertas deficiencias en la regulación procesal española en relación con la protección que merecen los consumidores. Estas defi ciencias resultan patentes en los procesos de exacción de derechos económicos de procuradores y abogados. El presente trabajo analiza todos los aspectos relevantes de los procesos que sirven de cauce para que procuradores y abogados puedan reclamar de manera rápida ciertos créditos derivados de su intervención en un proceso. Se pretende, en definitiva, ofrecer una herramienta útil para resolver las múltiples cuestiones prácticas que suscita la regulación actual de los procesos de "jura de cuentas".
