MEJORA DE LA REGULACIÓN, LOBBIES Y HUELLA NORMATIVA

MEJORA DE LA REGULACIÓN, LOBBIES Y HUELLA NORMATIVA. UN ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA INFORMALIDAD

Editorial:
TIRANT LO BLANCH (PAPEL)
Año de edición:
Materia
Derecho Administrativo
ISBN:
978-84-1313-003-3
Páginas:
216
Encuadernación:
Rústica
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¿Son las actividades informales de las Administraciones Públicas con los privados indiferentes para el Derecho público? ¿Pueden los lobbies reunirse, sin que se tenga conocimiento de la reunión y de su contenido, mientras se elabora una norma jurídica? El presente libro responde con una negativa a la primera pregunta: la actividad informal es relevante. Para responder a la segunda el trabajo se adentra en un campo importante, complejo y tradicionalmente opaco en España: las reuniones informales de responsables públicos del poder ejecutivo con lobbies en relación con proyectos de ley y reglamentos. El libro, partiendo de las obligaciones establecidas por el derecho a una buena administración y con un enfoque teórico riguroso, considera, con atención a la jurisprudencia, la situación internacional, en la UE y específicamente el caso español, donde la pionera ley catalana de 2014 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno estableció la primera regulación de los lobbies en el Estado y la denominada huella normativa. Por tanto, es esa ley de 2014 la que se analiza en acción, evitando un formalismo esterilizante, mediante un análisis empírico inédito en España, donde este tipo de estudios en Derecho aún son muy escasos. La obra usa un enfoque cualitativo (entrevistas) y cuantitativo (análisis de casi 7.000 reuniones y, de entre las referidos a elaboración de normas, selección de 7 casos que se analizan en detalle, gracias a la documentación incluida en los expedientes digitalizados derivados de los procedimientos formales disponibles en internet). En la parte final, el libro ofrece un conjunto de conclusiones y recomendaciones, relativas a la mejora de la gestión administrativa reguladora en relación con la huella normativa, a una futura regulación, pues España supone una excepción entre los países democráticos avanzados, y, en tercer lugar, a recomendar un control judicial más riguroso de la intervención de los grupos de interés en la elaboración de normas provenientes del poder ejecutivo.

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