LÓPEZ ULLA, JUAN MANUEL
Prólogo 13
Luis López Guerra
I. Delimitación y estructura 17
PRIMERA PARTE: VALORES QUE DEBIERAN REGIR LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
II. Sobre la capacidad del legislador de condicionar los derechos
de los extranjeros 25
III. La dignidad de la persona como límite a la acción legislativa 35
IV. La inmigración como mercancía electoral 45
V. El fenómeno y el problema de la inmigración 57
VI. Nacionalidad y ciudadanía 61
VII. Tolerancia e integración 73
VIII. Colaboración y coordinación entre Administraciones Públicas 81
SEGUNDA PARTE: DERECHOS QUE CONFORMAN EL ESTATUS JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS
IX. Derecho a la igualdad 97
X. Derecho a la documentación 107
XI. Derecho a la libertad de circulación 115
XII. Participación pública 123
1. Introducción 123
2. En torno al derecho de sufragio 124
3. El acceso a la función pública 136
12 Índice
XIII. Libertades de reunión y manifestación 143
XIV. Libertad de asociación 157
XV. Derecho a la educación 161
XVI. Derecho al trabajo y a la seguridad social 181
XVII. Libertad de sindicación y huelga 197
XVIII. Derecho a la asistencia sanitaria 203
XIX. Derechos en materia de vivienda 209
XX. Derecho a la seguridad social y a los servicios sociales 213
TERCERA PARTE: REAGRUPACIÓN FAMILIAR Y GARANTÍAS JURÍDICAS
XXI. El derecho a la reagrupación familiar 221
1. La relevancia de la familia en los tratados internacionales 221
2. La concepción del derecho a la reagrupación familiar en el Consejo
de Europa y en la Unión Europea 226
3. Familiares reagrupables 252
3.1. El cónyuge 254
3.2. La pareja 263
3.3. Los hijos menores de edad 267
3.4. Los hijos mayores de edad 268
3.5. Los menores e incapaces bajo tutela del residente 270
3.6. Los ascendientes 271
3.7. Otras circunstancias 274
4. Procedimiento para la Reagrupación Familiar 275
4.1. Titularidad del derecho 275
4.2. ¿Qué hacer para ejercer el derecho? 278
4.3. Reagrupación familiar por residentes reagrupados 279
XXII. Garantías jurídicas 283
Bibliografía citada 301
Jurisprudencia consultada 309
Esta monografía está dividida en tres partes. La primera contiene una serie de consideraciones generales sobre los valores que debieran regir las políticas migratorias. Estos condicionan la capacidad que el legislador tiene para limitar los derechos de los extranjeros, y en torno a ellos tendrían que girar las medidas de cohesión social necesarias para que este colectivo se integre plenamente en la sociedad que los acoge. La redefinición del concepto de ciudadanía podría ayudar en esta dirección, sin confundir los principios de integración y tolerancia. La segunda parte está centrada en los derechos reconocidos en el Título I de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, especialmente en los que han sido objeto de alguna sentencia importante en torno a su contenido o alcance. Por último, la tercera se ocupa de la reagrupación familiar, derecho que presenta un doble interés: por un lado, es una de las vías más importantes de entrada de extranjeros en España y en Europa, y por otro, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre su ubicación en la Constitución española no coincide con la concepción que de este derecho tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
